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Crisis del COVID-19: Respuestas de los sindicatos y los interlocutores sociales

30 June 2020

Employment & economic policy
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Última actualización: 30 de junio 2020

La crisis sanitaria causada por la propagación epidémica del COVID-19 y las medidas de confinamiento tomadas posteriormente han acarreado graves implicaciones tanto para la economía como para el mercado de trabajo. Los interlocutores sociales y los sindicatos de los países de la OCDE no dejar de formular respuestas, acuerdos y llamamientos a la acción. A continuación, se presenta una instantánea de estas iniciativas en 25 países. Esta muestra se actualizará periódicamente y se ampliará a otros países de la OCDE y no pertenecientes a la OCDE con el fin de proporcionar un intercambio de las mejores prácticas existentes en estos momentos críticos. Asimismo, se incluirán las medidas tomadas a escala sectorial, también a través de las páginas de recursos de las organizaciones sindicales internacionales.

La muestra presenta las actualizaciones de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón,  Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía.
Recursos de las organizaciones sindicales internacionales:
Alemania
  • DGB exige protección legal en el contexto de las aplicaciones de rastreo de contactos en el lugar de trabajo. El uso de aplicaciones debe ser voluntario y no obligatorio para los trabajadores. (18 de junio)
  • Los representantes del Gobierno Federal, la Agencia Federal de Empleo, los estados federales, los sindicatos y los empleadores emitieron una declaración conjunta por la Alianza para la formación profesional inicial y continua y acordaron medidas para amortiguar los efectos de la crisis del coronavirus en el sistema dual de educación y formación profesionales. Los socios quieren asegurarse de que los aprendices puedan continuar su aprendizaje y tomar sus exámenes a pesar de la difícil situación actual. Además, tienen el objetivo común de poder ofrecer suficientes plazas de formación en los próximos años. (2 de junio)
  • Siguiendo las propuestas de la DGB a favor de una mejor protección financiera de los estudiantes (véase abajo), las reivindicaciones no pueden aplicarse a los estudiantes en tanto que científicos. El Ministerio de Educación solo ofrece un préstamo a los estudiantes. Este préstamo genera intereses a partir de marzo de 2021, lo que a juicio de la DGB podría convertirse en una trampa de endeudamiento para muchos. Además, existe un fondo (demasiado reducido) que se otorga como subsidio para los estudiantes cuya cuenta bancaria ha presentado menos de 500 euros en el transcurso de los últimos tres meses. Los científicos que trabajan de forma temporal para fines de calificación pueden ser empleados de forma temporal durante 6 meses más de lo que la ley permitía cuando no existía la pandemia. Si el contrato puede prolongarse o no es una decisión que solo puede tomar la universidad interesada, no existe ningún derecho legal como lo exigen la DGB y los sindicatos. (2 de junio)
  • IG Metall exige un paquete de medidas de estímulo económico señalando que los bonos de compra podrían ayudar a la economía y asegurar empleos, especialmente en la industria automotriz. El sindicato IG BCE ha concluido un acuerdo que aumenta el subsidio de trabajo a tiempo reducido para la industria química hasta un 90%. (6 de mayo)
  • Ver.di ha concluido un convenio que permite el trabajo a tiempo reducido en el sector público. El acuerdo toma en cuenta las cargas que pesan sobre los municipios debido al cierre de instalaciones tales como piscinas públicas, transporte o museos. En consecuencia, los despidos durante el trabajo a tiempo reducido y durante tres meses a partir de entonces quedan excluidos. La ayuda para el trabajo reducido se incrementa al 90-95%. El convenio colectivo no cubre la administración central local, los servicios sociales ni educativos. Entra en vigor el 1 de abril de 2020 y se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020. La central sindical también llegó a un acuerdo con la compañía aérea “eurowings“, que permite trabajar a tiempo reducido con una cobertura de hasta el 90% del salario neto. (8 de abril)
  • Las demandas sindicales evolucionan con el tiempo. Por lo tanto, IG Metall exige una mayor prestación para el trabajo a tiempo reducido. Según las primeras estimaciones en relación con sus sectores, los empleadores tienden a contribuir menos (o no contribuyen), lo que deja a los trabajadores con ingresos muy inferiores a sus ingresos normales. En el 60% de las empresas afectadas, IG Metall y los comités de empresa han conseguido que el empleador pague a los trabajadores un aumento de su subsidio de trabajo a tiempo reducido. En alrededor del 56% de estas empresas, esta medida resulta en más del 80% del salario neto, en el 29% de las empresas, e incluso más del 90%, en lugar del 60% legal (67% con hijos a cargo). (17 de abril)
  • En el sector de la hostelería, NGG está pidiendo la suspensión temporal del IVA. Esta medida permitiría relanzar la actividad si se practica por un período limitado de seis meses, como máximo hasta finales de 2020. (17 de abril)
  • DGB ha adoptado una nueva posición en la que examina una mejor protección financiera de los estudiantes . Muchos estudiantes han perdido los trabajos con los que financian sus estudios, pero por lo general no tienen derecho a beneficios de desempleo (tipo I o II). Por lo general, tampoco tienen derecho a las prestaciones laborales de tiempo reducido. Por lo tanto, DGB exige un fondo de emergencia para los estudiantes y un acceso más amplio a los servicios en virtud de la Ley federal de apoyo a la educación (BAföG). Las prestaciones normalmente están vinculadas a la situación financiera del estudiante. Además, DGB solicita introducir extensiones de contrato vinculantes de seis meses para los científicos y profesionales de la educación superior empleados con contratos de duración determinada. Para los aprendices, DGB propone un “paraguas protector”: las empresas que ocupan aprendices o estudiantes trabajadores podrían recibir una bonificación financiera hasta el 31.12.2020. El objetivo consiste en asegurar los contratos de formación existentes y estabilizar la oferta para el nuevo año de formación. (20 de abril)
  • La DGB planteó nuevas demandas con respecto a los planes de empleo a tiempo reducido. Exige un aumento significativo de las prestaciones laborales a tiempo reducido, hasta el 80% (87% para los trabajadores con hijos). Otra demanda se refiere a la regulación del lugar de trabajo, incluidas el número máximo de horas diarias y semanales. El Gobierno alemán había relajado la regulación del tiempo de trabajo a 12 horas al día en sectores esenciales. La DGB advirtió contra el “número excesivo de horas de trabajo” y pidió establecer un límite para la flexibilización de la ley sobre tiempo de trabajo. La regulación del Gobierno federal está actualmente limitada hasta el 30 de junio de 2020. (9 de abril)
  • La DGB publicó todas sus declaraciones y una perspectiva general de los acuerdos y medidas de los sindicatos alemanes con respecto a la crisis del coronavirus:
    • IG Metall organizó un paquete de medidas para las industrias metalúrgica y eléctrica, que contiene los siguientes puntos:
      • El 80% del salario el primer mes de trabajo a tiempo reducido
      • 8 días para el cuidado de los niños debido al cierre de escuelas y jardín de infantes para padres con niños de hasta 12 años, en lugar de un salario adicional
      • 5 días adicionales para fines de cuidado infantil obligatorio, que no se incluyan como vacaciones
    • BdS y NGG han concluido un “convenio colectivo coronavirus”, lo que impide el despido operativo los trabajadores y les permite recibir hasta el 90% del salario neto cuando trabajan a tiempo reducido
    • Ver.di ha acordado el salario completo en la industria del cine si existe un convenio colectivo, de lo contrario, debe remunerarse el 90% del salario cuando se trabaja a tiempo reducido. Ver.di también ha negociado un acuerdo para el trabajo a tiempo reducido en el sector público, basado en los siguientes puntos:
      • No es posible aplicar el despido operativo durante el período de trabajo a tiempo reducido y en el plazo de los tres meses posteriores al trabajo a tiempo reducido
      • El salario del trabajo a tiempo reducido aumentó al 90% -95% (1 de abril)
  • DGB y BDA emitieron una declaración conjunta de solidaridad comprometiéndose a trabajar conjuntamente en momentos de crisis y exponer en común sus demandas al Gobierno (13 de marzo).
  • La DGB también publica a diario en un sitio dedicado nueva información para los trabajadores.
 Australia
  • La central sindical ACTU ha publicado una lista de empleadores que han aceptado conceder dos semanas de licencia especial en su sitio web, para poner de relieve las buenas prácticas, pero también para hacer un llamamiento a las empresas que no han seguido este modelo. (Junio)
  • Los sindicatos australianos han negociado un acuerdo que abre la vía para un subsidio salarial de 130.000 millones de AUD, que permite conceder a 6 millones de trabajadores un subsidio salarial por valor de 1.500 AUD por quincena durante seis meses. (Abril)
  • Cuando el Gobierno anunció un programa de subsidio salarial, el ACTU, en una primera reacción, se mostró satisfecho con la decisión, ya que cubriría a todas las empresas y a la mayoría de los trabajadores. Semanas antes, el ACTU había instado al Gobierno a implementar dicho programa. El sindicato advierte que el monto asignado posiblemente no sea suficiente. También quieren asegurarse de que los 1,4 millones de trabajadores con visado de trabajo, así como los ocasionales también estén cubiertos, sin tener en cuenta si han trabajado durante los últimos 12 meses. En una lista de demandas adicionales, el ACTU insta a garantizar el flujo de efectivo a los trabajadores (sin demoras significativas en los pagos), una garantía de reempleo y salvaguardas para garantizar que las personas conserven un empleo. (30 de marzo)
  • ACTU está pidiendo al Gobierno que introduzca un permiso remunerado de dos semanas para todos los trabajadores afectados por el COVID-19. Actualmente son más de 3 millones los trabajadores que no tienen acceso a ningún tipo de licencia remunerada, lo que crea un riesgo significativo para la salud y la seguridad, ya que los trabajadores eventuales no pueden abandonar fácilmente su trabajo. El ACTU ha publicado una petición con este fin. Además, el Centro para la Salud y la Seguridad de ACTU ha puesto en línea la página de recursos del COVID-19. Esta página se actualizará periódicamente para proporcionar información a las organizaciones sindicales, los representantes de salud y seguridad y a los trabajadores sobre la forma en que pueden proteger del COVID-19 sus lugares de trabajo. (18 de marzo)
Austria
  • La prestación por desempleo es relativamente baja, ya que representa el 55% del último ingreso neto (cifras de la OCDE: https://data.oecd.org/benwage/benefits-in-unemployment-share-of-previous-income.htm ). Vista la probabilidad de que existan períodos de desempleo prolongados y riesgos de pobreza, ÖGB pide un aumento de las prestaciones por desempleo. El Gobierno federal ahora está discutiendo seriamente esta posibilidad. (6 de junio)
  • Al cabo de semanas de numerosos intentos de extorsión sin precedentes por parte de la dirección de la empresa LaudaMotion y de la empresa matriz de Ryanair, el sector profesional “vida” de ÖGB (ferrocarriles, hostelería, turismo, comercio y transporte) pudo firmar un convenio colectivo de “crisis” con la cámara de comercio (WKÖ). Con 1.440 euros 14 veces al año, el ingreso bruto mensual garantizado para los auxiliares de vuelo aumenta en un 44% en comparación con la oferta inicial (1.000 euros brutos). Para los copilotos, también se logró un aumento del 18% para alcanzar 2.000 euros en ingresos mensuales garantizados en comparación con la oferta inicial (1.700 euros brutos). La demanda del sector profesional “vida” para eliminar por completo todas las cláusulas contractuales ilegales también fue aprobada por la Cámara de Comercio. La dirección de LaudaMotion y de Ryanair aprobaron respectivamente el convenio colectivo. (6 de junio)
  • El paquete de medidas sobre la reducción del tiempo de trabajo elaborado conjuntamente por los interlocutores sociales y el Gobierno Federal sigue siendo una medida importante contra la crisis. De los primeros 400 millones de euros con los que inicialmente fue dotado, el paquete de medidas sobre la reducción del tiempo de trabajo aumentó a 12.000 millones de euros. Casi 1,3 millones de trabajadores trabajan ahora en este marco de tiempo reducido. Los interlocutores sociales han introducido mejoras a este modelo de tiempo de trabajo reducido: el cálculo se ha simplificado, se ha prohibido el trabajo de guardia, se han aclarado la cuestión del trabajo flexible y la compensación de los aprendices. (29 de mayo)
  • En algunos casos, la crisis ha dado pie a un descenso de nivel: reducción de los niveles salariales propuestos por los empleadores en las nuevas rondas de negociación por debajo del salario mínimo nacional en la industria de la aviación; sobre la democracia en el lugar de trabajo según informes de los sindicatos (en lo que respecta a las elecciones postergadas del comité de empresa); y en la aplicación de las normas de SST, tales como el brote de coronavirus en 2 centros logísticos de mensajería que provocó más de 100 infecciones y varios cientos de trabajadores en cuarentena. El 50% de estos trabajadores tienen contratos temporales. (29 de mayo)
  • Desempleo juvenil. Debido a la crisis, se prevé que el desempleo juvenil ¡se verá casi duplicado pasando de las 44.000 personas actuales a 80,000 personas! Los jóvenes son despedidos más rápido y luego les es más difícil encontrar un nuevo empleo. Además, se prevé una escasez de 7.500 aprendizajes en el lugar de trabajo para septiembre. La Union Youth (ÖGJ) advierte contra una “generación corona”, por lo que exige un paquete de medidas contra la inminente catástrofe en el ámbito de las formaciones profesionales.
  • Más de 130.000 personas ya han firmado la petición de ÖGB para un “corona de mil euros”.  Esta prima de mil euros se concederá a todos aquellos que tienen que abandonar sus hogares durante la crisis del coronavirus para trabajar y que están o estuvieron expuestos a un mayor riesgo de infección. Esta prima debe estar libre de impuestos como parte del paquete de ayuda del Gobierno federal para el coronavirus.
  • Los trabajadores de la venta minorista: el panel de plexiglás es una protección suficiente. Si los trabajadores del sector minorista están separados de los clientes, por ejemplo, mediante paneles de plexiglás sobrepuestos a las cajas registradoras, no tienen que usar protección adicional para la boca y la nariz o protección facial (visera). Esta fue la aclaración de la inspección del trabajo tras una solicitud del sindicato GPA-djp. (11 de mayo)
  • ÖGB pide un bono de indemnización de 1000 euros, para cada trabajador/a esencial que esté efectuando un trabajo necesario e importante durante la crisis del COVID-19. En lo relativo a la utilización de las prestaciones de ayuda para el tiempo reducido de empleo, ÖGB informa que muchas empresas se han apresurado a despedir a sus trabajadores, quienes ahora solo reciben alrededor de la mitad de sus ingresos netos anteriores. ÖGB considera que una tasa de reemplazo neta del 55% es demasiado débil y plantea un riesgo de pobreza. Sugiere aumentar la prestación por desempleo al menos al 70% del último ingreso neto. Por último, el sindicato también pide exenciones para que las trabajadoras embarazadas tomen su licencia de maternidad antes, especialmente cuando se trata de trabajadoras sanitarias y otras trabajadoras esenciales. (21 de abril)
  • AK y ÖGB acogieron con satisfacción el fondo gubernamental por un valor de 4.000 millones de euros destinado a diversos propósitos, desde el trabajo reducido (desempleo parcial) y la ayuda a las empresas hasta la compra de instrumentos para el sector sanitario. Inicialmente, fueron los interlocutores sociales quienes pidieron dicha medida (fuente). La propuesta incluye la siguiente distribución de las tasas netas de sustitución:
    • una tasa neta de sustitución del 80% si el salario bruto antes del trabajo reducido era superior a los 2.685 euros,
    • el 85% para los salarios brutos mensuales entre 1.700 euros y 2.685 euros,
    • el 90% para los salarios brutos de hasta 1.700 euros. (12 de marzo)
  • Los sindicatos y la Cámara de Trabajo han creado un sitio web (http://jobundcorona.at) y una línea directa que brinda asesoramiento en relación con el nuevo acuerdo sobre trabajo reducido, pero también sobre el (des)empleo, el cuidado de los niños, la cancelación de vuelos, etc. (16 de marzo)
  • El sindicato GPA pidió que se limite el horario de trabajo de los 160.000 trabajadores en primera línea del sector minorista de alimentos al horario de apertura de las 8.30 a las 18.00 horas. Este horario recudido seguiría garantizando la seguridad alimentaria.
Bélgica
  • Se distribuirá un subsidio federal de 15 millones de euros entre los centros públicos de bienestar social (CPAS) para financiar una ayuda social adicional. Esta ayuda no se limita a los que ya reciben el ingreso de integración social (RIS) u otra ayuda social, por lo que son accesibles a toda persona “que lo necesite”. CSC considera que la ayuda es insuficiente ya que no trasciende las líneas de pobreza. Los sindicatos también lamentan que se excluya a los inmigrantes indocumentados. Las personas que ya no pueden pagar su alquiler o sus facturas de energía después de perder su trabajo, los estudiantes que cobran el ingreso de integración social y que necesitan equipo digital (computadora, tableta, abono telefónico, etc.) para aprobar sus exámenes durante el confinamiento, pueden introducir una solicitud para estas ayudas. Asimismo, puede solicitarse para los costos relacionados con el período del 1 de abril al 31 de diciembre de 2020. (8 de junio)
  • Con el fin de ayudar a la reanudación progresiva de las actividades económicas, los interlocutores sociales del Consejo Superior de Prevención y Protección en el Trabajo, en consulta con la ministra de Empleo y expertos, han elaborado una guía para evitar la propagación de la COVID-19 en el trabajo. La guía recomienda un reajuste a nivel sectorial y una mayor adaptación a nivel empresarial.
  • Hasta ahora, la mayoría de las medidas relativas al COVID-19 se han negociado de forma bipartita entre los interlocutores sociales o de forma tripartita con el Gobierno. Las medidas incluyen programas de desempleo temporal (tiempo reducido) por causas de “fuerza mayor” o motivos económicos. Ambos fijaron en un 65% la remuneración media limitada (con un tope de 2.754,76 euros por mes). Sin embargo, el monto del subsidio de desempleo temporal se incrementa al 70% de los ingresos medios hasta el 30 de junio de 2020. El apoyo a los trabajadores autónomos se concreta mediante mayores reducciones o la exención del pago de las cotizaciones sociales. Para los colaboradores de los trabajadores autónomos (y según cada caso particular), se ha previsto una ayuda a los ingresos de 1.614,10 euros por mes. Los sindicatos continúan negociando y reclamando medidas para maximizar la protección de los trabajadores, especialmente para aquellos que deben estar presentes en su puesto de trabajo y no pueden teletrabajar, y otras medidas para minimizar las pérdidas de empleo e ingresos. (23 de marzo)
  • Se creó un Grupo de Gestión de Riesgos Económicos compuesto por los gobiernos federal y regionales, interlocutores sociales e instituciones públicas (el banco nacional y la Oficina del Plan Federal). (19 de marzo)
  • Los interlocutores sociales han emitido un par de declaraciones conjuntas. El 17 de marzo, apoyaron las medidas de confinamiento del Gobierno y acordaron trabajar juntos para defenderse de las repercusiones sociales y económicas, también a través del “Conseil national du travail (CNT)”, a nivel de empresa y los organismos públicos de seguridad social de los que son miembros (fuente). El 10 de marzo, pidieron un seguimiento diario de la situación asumiendo responsabilidades conjuntas para mantener la economía en funcionamiento, al tiempo que se garantizaba la salud y la seguridad de los trabajadores. El 6 de marzo se había hecho una declaración conjunta en la que se pidió incluir a los interlocutores sociales en las discusiones, encontrar soluciones para la estabilidad económica y proteger los empleos, difundir información para evitar mayores riesgos para la salud y respaldar las consultas a nivel de la empresa. (18 de marzo)
  • La FGTB pidió medidas adicionales para proteger a los trabajadores y sus salarios durante la crisis. El sindicato recomienda fomentar la mayor cantidad posible de teletrabajo, al tiempo que se garantiza la seguridad en el trabajo considerado esencial y se preste apoyo adicional a estos sectores (sanitario, transporte, energía, etc.). Con respecto a la cobertura salarial y de desempleo temporal, pide extender las prestaciones del 70% al salario real (e indica medidas de financiación para hacerlo); ampliar el acceso a las prestaciones de desempleo temporal a todos los trabajadores; y tomar medidas para proteger a las mujeres embarazadas (y su licencia de maternidad) entre otras. (18 de marzo)
  • La CSC pidió por escrito al Gobierno proteger a los trabajadores que se encuentran en desempleo temporal y aumentar sus beneficios independientemente de su situación laboral, por ejemplo, para los trabajadores temporales. En ese sentido, las propuestas van más allá del compromiso del Gobierno de aumentar las prestaciones del 65% al ​​70% del salario tope medio hasta el 30 de junio de 2020. La CSC pide que se mantengan los salarios si el empleador pide a un trabajador que se quede en casa. (16 de marzo)
Canadá
  • Un informe de CLC formuló recomendaciones sobre el fortalecimiento y la ampliación de los servicios e infraestructuras públicos que son especialmente importantes en la era posterior a la COVID-19. El informe contiene acciones inmediatas para abordar las amenazas y proporciona una visión a largo plazo para desarrollar un sector público sostenible y equitativo. El grupo de trabajo de la CLC pide a los gobiernos
    • Fortalecer y ampliar los servicios e infraestructuras para todos;
    • Aumentar los ingresos públicos;
    • Ampliar y mejorar los servicios públicos;
    • Poner fin a la financiarización y la facilitación de la privatización a nivel mundial; y
    • Incrementar el control público sobre el desarrollo de la infraestructura. (25 de junio)
  • Los sindicatos de Canadá acogieron con satisfacción la prolongación del programa Canada Emergency Response Benefit (CERB) (Prestación de respuesta de emergencia), que apoya a los trabajadores que no pueden reanudar por ahora al trabajo debido a la pandemia. (16 de junio)
  • Los sindicatos de Canadá exigen que los gobiernos y los lugares de trabajo brinden acceso a la ayuda y tomen medidas para prevenir las dificultades de salud mental en el trabajo, debido a los impactos de la COVID-19. La confederación Canadian Labour Congress ofrece un portal en línea sobre Salud mental en el trabajo. (4 de mayo)
  • La central sindical Canadian Labor Congress (CLC) creó un portal de información en el que incluye todas sus declaraciones relacionadas con la crisis. CLC se mostró satisfecha por las medidas con las que dio respuesta el Gobierno federal, el 18 de marzo. Antes de este anuncio, los sindicatos canadienses habían pedido apoyos directos al ingreso para aquellos que no tienen acceso al seguro de empleo, tales como la prestación de apoyo en emergencias y la prestación de atención de emergencia, que forman parte del paquete de medidas. Sin embargo, CLC consideró que los fondos asignados eran demasiado modestos. El apoyo directo a los ingresos ascendió aproximadamente al 1% del PIB (el 3%, incluidas las medidas fiscales). CLC advirtió que en el futuro será preciso proporcionar apoyo a los ingresos a un mayor número de trabajadores. Cabe suponer que las medidas deberán ampliar sus esfuerzos iniciales en las próximas semanas. El objetivo de gran parte de las medidas anunciadas hasta la fecha ha sido proporcionar liquidez de emergencia a bancos e instituciones financieras y restaurar la confianza en los mercados de capitales. Es necesaria mayor clarificación sobre la administración de las medidas. Las necesidades en materia de licencias y bajas en relación con el cierre de escuelas y lugares de trabajo siguen sin abordarse en la serie de diversas medidas tomadas a nivel de las provincias. (24 de marzo)
  • En un llamamiento a proteger los derechos de los trabajadores y refugiados marginados que formaba parte de su respuesta al COVID-19, la CLC reiteró el llamado a la acción inmediata del Gobierno para garantizar: atención médica para todos, incluidos aquellos que no dispongan de estatuto (los refugiados, por ejemplo); protecciones integrales para los trabajadores, incluidas licencias de emergencia remuneradas; poner alto a las detenciones y deportaciones; mayor financiación para apoyar las comunidades, incluyendo bancos de alimentos; y refugios de emergencia. (24 de marzo)
Corea
  • Por primera vez en 21 años, la Federation of Korean Trade Unions (FKTU) y la Korean Confederation of Trade Unions (KCTU) participarán conjuntamente en diálogos tripartitos. Las prioridades sindicales en el contexto de crisis siguen siendo una garantía integral de empleo y prohibiciones de despido, así como la expansión del seguro obligatorio de empleo a un mayor número de categorías de trabajadores. (12 de mayo)
  • Corea fue uno de los primeros países en utilizar herramientas de trazabilidad digital para combatir la propagación del virus. La KCTU se unió a una coalición más grande de organizaciones de la sociedad civil para plantear aspectos críticos en torno a la divulgación del recorrido de desplazamiento de un paciente confirmado mediante la geolocalización (20 de marzo), así como con respecto a la introducción de pulseras electrónicas para rastrear a las personas autoconfinadas (10 de abril). La declaración conjunta plantea problemas de proporcionalidad, la protección de los datos personales tras la recopilación y la necesidad de fijar plazos de vigencia para estas medidas.
  • La FKTU presentó varias recomendaciones al Consejo Económico, Social y Laboral (ESLC, por sus siglas en inglés), exigiendo medidas de emergencia para la seguridad laboral y la protección salarial. El ESLC es un cuerpo tripartito. Inicialmente, se dio a conocer con una “Declaración tripartita para superar la crisis causada por la COVID-19” el 6 de marzo. Esto dio lugar al establecimiento de un comité especial que se ocupa de los aspectos sociales, laborales y de reestructuración de la crisis. En su presentación de seguimiento la FKTU destaca la necesidad de prohibir los despidos. Solicitan extender el acceso a los programas de retención de empleo a otras categorías de trabajadores, incluidos los conductores de autobuses públicos, que experimentan la disminución de su tiempo de trabajo, y los transportistas, las empresas de servicios de tierra y los subcontratistas. Otros puntos se refieren al apoyo a los trabajadores con tiempo de trabajo reducido, seguir reforzando las inspecciones laborales y la presentación de informes para evitar que los empleadores obliguen a los trabajadores a tomar vacaciones sin goce de sueldo. La presentación también alerta sobre el hecho de que solo el 49,9% de los trabajadores están cubiertos por un seguro de empleo. La FKTU también pide la creación de empleo en el sector público. (22 de abril)
Dinamarca
  • El acuerdo tripartito sobre el plan de compensación salarial se prorroga hasta el 29 de agosto. Esta medida proporciona a su vez seguridad de ingresos a los trabajadores durante el período de verano. Como parte del acuerdo, continuarán las discusiones sobre las posibilidades de un nuevo plan de distribución de trabajo temporal, que reemplazaría el plan de compensación salarial después del 29 de agosto. (5 de junio)
  • El sindicato académico (AC) publicó 34 propuestas para la recuperación a largo plazo de Dinamarca con medidas concretas por sección que van desde el crecimiento ecológico hasta las redes de seguridad. (19 de mayo)
  • FH propuso un plan de cualificación a gran escala para los trabajadores a fin de dar respuesta a las crecientes cifras de desempleo. Como parte de los 5 puntos que integran su propuesta promueven la suspensión del período de espera antes de solicitar cursos formativos, la asignación de 50 millones de DKK a cursos de corta duración y un aumento al 110% de las prestaciones de desempleo para aquellos que desean seguir una formación a más largo plazo. Estas propuestas por sí solas podrían ayudar a aproximadamente a 19.000 personas desempleadas a continuar en el mercado laboral. Se ha calculado que las cuatro propuestas tendrían un costo aproximado de 400 millones de DKK. Además, FH propone nueve medidas para reforzar el perfeccionamiento de competencias del gran número de personas desempleadas o en riesgo de quedar desempleadas como resultado de la crisis. Asimismo, incluye apoyo para la rotación de trabajo y la expansión de varios planes existentes. (11 de mayo)
  • Dinamarca es uno de los primeros países en relajar sus medidas de reclusión. Sin embargo, el desconfinamiento no significa el fin del acuerdo tripartito o de otras medidas de ayuda acordadas para empresas y los trabajadores. Se extendieron y añadieron algunas nuevas medidas que aumentan el gasto en aproximadamente 100.000 millones de coronas (15.000 millones de USD). El Gobierno acordó mantener las medidas de ayuda disponibles hasta el 8 de julio, es decir, un mes más de lo previamente planeado. No obstante, FH advirtió que las disposiciones en materia de salud y seguridad en los lugares de trabajo podrían no cumplirse. En particular, las inspecciones de trabajo, que han estado inactivas durante el cierre y ahora necesitarían intensificar sus esfuerzos. El sindicato formula 7 recomendaciones:
    • reiniciar la Inspección del Trabajo centrándose en la contención del contagio
    • castigar a las empresas que violen deliberadamente las disposiciones de las autoridades y contribuyan así a aumentar la infección
    • priorizar las quejas y consultas sobre empresas que no cumplen las disposiciones
    • proporcionar pautas claras para prevenir la propagación de infecciones en el lugar de trabajo, incluido el uso de equipos de protección
    • la Autoridad danesa del Entorno del Trabajo crea un grupo de trabajo con la participación del Consejo del Entorno del Trabajo. El grupo de trabajo debe garantizar pautas claras y una comunicación coordinada
    • se retira el uso de la disposición de fuerza mayor sobre el tiempo de descanso y el día libre, ya que la situación del coronavirus parece estar bajo control, y por lo tanto ya no justifica la posibilidad de suspender la normativa
    • los trabajadores extranjeros que se encuentran aquí y ahora deben ser puestos en cuarentena durante 1l días, con el objetivo de garantizarles las mismas condiciones de trabajo. (20 de abril)
  • La Confederación Sindical Danesa (FH) ha publicado en inglés una descripción general de las medidas relativas al COVID-19, incluyendo las mencionadas a continuación. Entre tanto, el acuerdo tripartito se ha adaptado: la compensación por parte del Gobierno ha aumentado de 23.000 DKK y 26.000 DKK a 30.000 DKK (aproximadamente 4.000 euros). Las obligaciones y requisitos siguen siendo los mismos. (30 de marzo)
  • Se establece un acuerdo tripartito (versión en inglés) a nivel nacional sobre compensación salarial temporal para trabajadores del sector privado para mitigar las consecuencias inminentes en el mercado laboral y financiero. El Gobierno se comprometió a cubrir el 75% del salario mensual de un trabajador a tiempo completo, hasta un límite de 23.000 DKK (3.100 euros) por mes, y el 25% restante deberá ser pagado por la empresa, cuando los trabajadores corran el riesgo de ser despedidos. Para los trabajadores temporales/ de tiempo reducido, el Gobierno ofrece cubrir hasta el 90% del salario hasta un límite de 26.000 DKK (3.500 euros) por mes. Hasta ahora, el acuerdo cubre a las empresas privadas, que de otra manera tendrían que despedir al menos el 30% o más de 50 trabajadores. El nuevo sistema de compensación salarial se mantendrá vigente hasta el 9 de junio de 2020 con efecto a partir del 9 de marzo de 2020. (15 de marzo)
  • La compensación para los trabajadores autónomos se abordó como parte de las nuevas medidas gubernamentales, lo que fue bien recibido por los sindicatos, ya que no estaban cubiertos por el acuerdo tripartito. Las nuevas medidas ofrecerán una compensación a los trabajadores por cuenta propia que pierdan el 30% o más de su facturación. El Gobierno ofrecerá una compensación del 75% con tope de 3.100 euros por mes (extendido a 4.660 euros si el cónyuge es compañero de trabajo). (18 de marzo)
  • Un acuerdo en el sector de la hostelería se ha complementado ahora con un compromiso del Gobierno de cubrir hasta el 90% del salario de los trabajadores despedidos en hoteles y restaurantes. (17 de marzo)
España
  •  La aprobación por parte del Gobierno español de un Ingreso Mínimo Vital que apunta a combatir la pobreza extrema es valorada positivamente por CCOO y UGT por tres razones: es una reclamación histórica de ambas organizaciones (presentada como propuesta hace 4 años), su puesta en marcha inmediata y completa uno de los vacíos de cobertura en la red de protección social en nuestro país. La crisis mostró aún más su necesidad. El programa beneficiará a alrededor de 2 millones de personas. (4 de junio)
  • Con las nuevas cifras del empleo del mes de mayo, que muestran una vuelta gradual al trabajo debido al levantamiento parcial del confinamiento, CCOO recuerda que entre marzo y abril se perdió casi un millón de empleos y el paro aumentó en seiscientas mil personas, con tres millones de personas en ERTE. “Sin las medidas extraordinarias adoptadas (limitación de despidos, ERTES, liquidez de empresas, …) el daño en el tejido productivo y la destrucción de empleo habrían sido muy superiores” señaló la secretaria de Empleo de CCOO. Los sindicatos solicitan extender el plan más allá del 30 de junio. (2 de junio)
  • Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se prorrogan hasta el 30 de junio gracias a un acuerdo tripartito, que afecta a más de 3 millones de trabajadores. Las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME, conjuntamente con el Gobierno, han firmado un acuerdo sobre la extensión de los expedientes de suspensión temporal de empleo (ERTE) y sus condiciones, el cual ha sido plasmado en el Real Decreto-ley 18/2020 del 12 de mayo (documento de resumen del contenido). La mayoría de los ERTE finalizarán el 30 de junio. Antes de esa fecha, las empresas comenzarán a pagar contribuciones sociales más altas para los trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas en el régimen de los ERTE y más bajas para los que reinicien su actividad. Las cuotas al Seguridad Social son de cero para las empresas de menos de 51 trabajadores y de solo el 25% del costo normal para las empresas que superan ese tamaño. En su evaluación, la UGT señala que el acuerdo brinda garantías de empleo y ayuda a evitar despidos al tiempo que aporta a las empresas la confianza para reiniciar actividades. (11 de mayo)
  • Una queja anterior de la UGT con respecto al trabajo en las plataformas durante la epidemia fue seguida ahora por una evaluación de la Dirección Especial de Inspección de Trabajo. Las plataformas en cuestión, principalmente en el sector de los trabajadores del reparto (alimentos, bienes), no cumplían con la mayoría de las normas de protección en el ámbito de la salud y seguridad ocupacionales. Sin embargo, la UGT señala que la respuesta de la Inspección de Trabajo debe ir más allá de las recomendaciones. (18 de mayo)
  • La Secretaria de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO ha presentado un documento que incluye propuestas políticas y económicas para que la salida de la crisis causada por la COVID-19 se lleve a cabo teniendo en cuenta que la sociedad también está inmersa en una crisis climática y ambiental. (14 de mayo)
  • UGT insta a regular e el impulsar el teletrabajo en la negociación colectiva y en el marco del diálogo social. En su evaluación, solo el 4% de los convenios firmados en 2019 implicaron este tipo de cláusulas. (12 de mayo)
  • CCOO y UGT recomiendan que la actividad económica solo pueda reanudarse si se garantiza la salud y la seguridad, tanto durante el trayecto hacia el trabajo como en el lugar de trabajo. (12 de abril)
  • CCOO ha establecido una línea telefónica gratuita y un correo electrónico para que los trabajadores que tengan preguntas de orden laboral relacionadas con la emergencia sanitaria reciban información y asesoramiento. El Secretario General de CCOO también pide a los trabajadores de las PYME que carezcan de representación sindical que acudan a un sindicato local o a la Inspección del Trabajo para señalar si no se siguen los protocolos de seguridad. (14 de abril)
  • Los sindicatos consiguieron modificar las disposiciones del ministerio de Sanidad sobre la vuelta de los trabajadores sociales y sanitarios a su puesto de trabajo después de verse afectados por el COVID-19. Ahora solo reanudan su trabajo después de haber dado negativo en la prueba serológica. Las directrices iniciales (31 de marzo) preveían volver al trabajo siete días después de los primeros síntomas y si se sentían mejor, usar mascarilla y evitar el contacto con pacientes de riesgo. (14 de abril)
  • El Gobierno introdujo un nuevo conjunto de medidas de emergencia mediante decreto real (véase la página de información de UGT). Los interlocutores sociales acogieron con satisfacción las medidas, que incluyen un compromiso de financiación de hasta 200.000 millones de euros (20% del PIB anual) de recursos públicos y privados, medidas de protección laboral que permiten reducir el tiempo de trabajo, las regulaciones de empleo temporales, facilitar el teletrabajo, la compensación para trabajadores autónomos y exenciones en materia de seguridad social, así como medidas de liquidez para las empresas, también para evitar despidos. (17 de marzo)
  • UGT Comercio y CCOO Servicios han conseguido un acuerdo para los trabajadores de supermercados. Se dispone una reducción de las horas de trabajo, un aumento en el número de trabajadores a tiempo parcial y una garantía de que cada trabajador esté equipado con mascarillas y guantes. Los sindicatos también piden una compensación financiera por la carga de trabajo adicional, un límite para la cantidad de personas permitidas en las tiendas y restricciones más estrictas sobre el distanciamiento entre los clientes para evitar que las personas propaguen el virus. (18 de marzo)
  • Los sindicatos y las organizaciones empresariales enviaron al Gobierno varias demandas comunes. Las propuestas procedían de CCOO y UGT por el lado sindical y de CEOE y CEPYME por el de las empresas. Exigen un real decreto-ley además de las medidas relativas al mercado de trabajo y la seguridad social. Las demandas conciernen: • Expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor • Causas económicas, técnicas y organizativas de producción • Protección de los trabajadores fijos discontinuos • Situaciones de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras • Medidas para atender el cierre de centros escolares, centros de día para personas dependientes y restricciones de movilidad • Teletrabajo. (12 de marzo)
Estados Unidos
  • AFL-CIO organizó la primera caravana de trabajadores por la justicia racial y económica (Workers First Caravan for Racial + Economic Justice), el 17 de junio. En un discurso pronunciado el 28 de mayo, el presidente de AFL-CIO (y TUAC) Richard Trumka abordó la interrelación existente entre la pandemia del COVID-19 y la discriminación estructural. “Los sistemas de hospitales no abren locales en las comunidades de mayoría negra. Si lo hacen, no proporcionan los recursos adecuados. Y cuando llega el momento de recortar los presupuestos, estos lugares son los primeros en sufrir recortes. Las mujeres ganan menos, pero se espera que trabajen el mismo número de horas que los hombres y además cuiden a los niños. Las personas LGBTQ+ son tratadas como ciudadanos de segunda clase, a quienes se les niega la posibilidad de donar sangre para ayudar a quienes lo necesitan o servir al país que aman”, aseguró Trumka. Alrededor del 40% de los trabajadores del transporte de la ciudad de Nueva York son personas negras, un número muy superior a su proporción con respecto al total de la población de la ciudad. Según una encuesta Pew el 61% de los hispanoamericanos y el 44% de los afroamericanos señalaron que debido a la COVID-19, ellos o un integrante de su hogar había perdido su trabajo. (17 de junio)
  • El Instituto de Política Económica (EPI) ha publicado un resumen (que data del 31 de marzo) de las respuestas sindicales. Estas incluyen el acuerdo de Teamsters/UPS para una licencia remunerada para todo trabajador que haya sido diagnosticado con COVID-19, o se encuentre en cuarentena porque un miembro de su familia esté enfermo con el virus; el sindicato de trabajadores del automóvil, United Auto Workers (UAW), está negociando condiciones seguras una vez que se reanude el trabajo en las plantas automatizadas; el sindicato de los trabajadores de comunicaciones (CWA) y el de los trabajadores de la fuerza eléctrica (IBEW) han obtenido vacaciones pagadas para los trabajadores de Verizon.
  • El sindicato de docentes, la American Federation of Teachers’ (AFT) publicó un Plan to Safely Reopen America’s Schools and Communities (Plan para la reapertura en condiciones de seguridad de las escuelas y comunidades estadounidenses) con cinco pilares básicos. El plan exige parámetros de seguridad claros, incluidos el rastreo y las pruebas, pero también apoyo de recuperación para las comunidades y el fortalecimiento de las herramientas de salud pública. (29 de abril) La AFT también representa a trabajadores públicos que se encuentran en primera línea, ya que entre sus afiliados cuenta con enfermeras, especialistas de la respiración, técnicos sanitarios, médicos y otros profesionales del sector de la salud, así como trabajadores del servicio de alimentos, conductores de autobuses, conserjes, trabajadores del cuidado infantil, trabajadores de centros de recreación. Para proteger su salud, el sindicato realizó una inversión general de 3 millones de dólares para proporcionar equipos de protección personal para quienes se ocupan de la atención médica en primera línea. (7 de mayo)
  • Al tiempo que se debate el proyecto de ley estadounidense COVID-19, la central AFL-CIO publicó una nueva declaración instando a adoptar medidas y a hacer lo necesario para implementarlas. La AFL-CIO acoge con satisfacción las medidas propuestas para “ampliar el programa de seguro de desempleo; el aumento de fondos para las escuelas, hospitales y gobiernos estatales y locales; ayuda a la industria de las aerolíneas que incluye la protección de los derechos de los trabajadores; y una financiación importante para mantener los puestos de los trabajadores del transporte”. Sin embargo, subrayan que existen varias lagunas, tales como normas del lugar de trabajo, en particular en materia de salud y seguridad en el trabajo, los problemas en torno a los planes de pensiones de múltiples empleadores y más apoyo al Servicio Postal de los EE.UU. (25 de marzo)
  • AFL-CIO (EE.UU.) ha creado una página web específica que incluye recursos y orientación sobre la pandemia del COVID-19, así como recomendaciones para limitar su impacto en las familias trabajadoras. AFL-CIO promueve 14 días de baja por enfermedad remunerada, pruebas gratuitas y que los trabajadores no deban pagar de su bolsillo los gastos médicos. AFL-CIO solicita que se revise el seguro de desempleo para proteger inmediatamente a los trabajadores susceptibles de perder su empleo en los sectores de la aviación, la educación, el entretenimiento, la hostelería y la construcción. AFL-CIO menciona la acción legislativa como esencial en materia de inversión en infraestructura e instalaciones médicas y la adopción de la Ley de protección del derecho de sindicalización (PRO, por sus siglas en inglés), así como la Ley de negociación del servicio público. La página también contiene un repositorio interactivo que proporciona información de cada país.
  • Declaración pública del presidente de AFL-CIO, Richard Trumka. (19 de marzo de 2020)
  • La AFSCM (American Federation of State, County & Municipal Employees) elaboró una página específica (con una sección en español) para que los trabajadores de primera línea consulten temas relativos a la salud y la seguridad. La página también incluye relatos de los trabajadores. El departamento de salud y seguridad de los camioneros (Teamsters) creó igualmente una página de información. Proporciona hojas informativas con listas de verificación generales sobre el virus, los horarios de trabajo e información específica a la ocupación (por ejemplo, para socorristas, operadores de tránsito).
  • Los trabajadores de Instacart, una plataforma de entrega de comestibles, planifican una huelga a nivel nacional para reclamar la necesidad de equipo y ropa de protección durante la pandemia. Cuentan con el apoyo del movimiento sindical estadounidense y el Gig Workers Collective. Como se informó, la empresa publicó directrices en materia de SST, prometió un acuerdo de licencia por enfermedad de 14 días y bonificaciones para algunos de sus 200.000 trabajadores (un número que se prevé que aumente). “Los trabajadores han solicitado el pago de una prima de riesgos (5 USD adicionales por pedido) y que en la aplicación el valor predeterminado de la propina se establezca en por lo menos el 10% del total del pedido. También solicitan un aumento salarial para los trabajadores afectados por el COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus” (fuente). (30 de marzo)
Estonia
  • El principal acuerdo tripartito fueron las medidas de apoyo elaboradas en virtud del Fondo de Seguro de Desempleo de Estonia. Además, los trabajadores estonios están relativamente bien protegidos en virtud de la Ley de contratos de empleo. Entre otros, permite a los empleadores reducir el salario o el tiempo de trabajo durante 3 meses debido a razones económicas, pero establece el límite de las reducciones salariales al salario mínimo legal. Desde el estado de emergencia declarado por el Gobierno el 12 de marzo, el Fondo de Seguro de Desempleo (de gobernanza tripartita) elaboró ​​medidas para ayudar a los trabajadores y empleadores afectados por la situación. Un subsidio temporal (introducido el 19 de marzo) complementa la regulación bajo la Ley de contratos de empleo. El importe del subsidio es el 70% del salario mensual promedio del trabajador y su importe máximo es de 1000 € por trabajador al mes. El empleador debe pagar un salario de por lo menos 150€ al trabajador. El resto lo paga el Fondo de Seguro de Desempleo (impuesto de seguridad social, impuesto de seguro de desempleo y planes obligatorios de pensiones e impuesto sobre la renta). Es importante tener en cuenta que la condicionalidad implica el cumplimiento de por lo menos dos de las siguientes condiciones:
    • el empleador debe haber experimentado al menos una disminución del 30% en la facturación o ingresos durante el mes en que solicita la subvención en comparación con el mismo mes del año anterior;
    • el empleador no tiene la posibilidad de dar trabajo al menos al 30% de sus trabajadores;
    • el empleador ha reducido los salarios de no menos del 30% de sus trabajadores a razón de por lo menos un 30% o hasta el salario mínimo. (30 de abril)
  • Todos los sindicatos han negociado, y algunos todavía están en negociaciones, con los empleadores o las organizaciones de empleadores sobre posibles medidas de respuesta. Se introducen algunos cambios (generalmente temporales) en los convenios colectivos (reducción de salarios y/o tiempo de trabajo para recibir apoyo estatal, posponiendo la entrada en vigor de los términos de los convenios colectivos (convenio salarial del sector de autobuses) (30 de abril)
Finlandia
  • En Finlandia, los interlocutores sociales acordaron demandas conjuntas el 12 de mayo, tales como:
    • ampliar las modificaciones a la legislación laboral y las prestaciones por desempleo hasta el 31 de diciembre de 2020
    • suspender el período máximo de pago y el cálculo del subsidio diario de desempleo sobre la base de los despidos hasta el 31 de diciembre de 2020
    • apoyar la liquidez del Fondo de Empleo
    • reembolsar las pruebas del coronavirus en el sector de la atención de la salud ocupacional a través de fondos tripartitos (50/50)
    • introducir un sistema de transferencias del Gobierno central al Gobierno local que ya experimenta pérdidas por un valor de 2.000 millones en su presupuesto. (12 de mayo)
  • El número de despidos colectivos está aumentando ligeramente según las nuevas estimaciones de SAK. El número de trabajadores sujetos a negociaciones de cooperación disminuyó: 107.078 personas en marzo y 37.836 personas en abril. A pesar de la disminución, el número es más de cinco veces superior que al de abril de 2019 (7.516). Estas cifras se acercan a la cifra récord de 2009: las negociaciones de cooperación afectaron a alrededor de 199.000 trabajadores durante todo el año. (13 de mayo)
  • Los interlocutores sociales finlandeses formularon propuestas de medidas de formación y competencia para dar respuesta a la crisis y acompañar a los trabajadores más afectados. Las cinco propuestas se centran en (1) financiación adicional por separado para el aprendizaje electrónico; (2) aumentar las ofertas de formación a corto plazo para apoyar a los sectores con escasez de mano de obra y a los desempleados temporales; (3) desarrollar competencias digitales; (4) encontrar formas de habilitar y reconocer el aprendizaje basado en el trabajo; y (5) aumentar las formaciones cortas de formación en línea (por ejemplo, una tarjeta de seguridad ocupacional, un pasaporte de higiene, tarjeta de guardia de seguridad o tarjeta de bombero. (30 de abril)
  • Actualmente, las confederaciones sindicales están representadas en los grupos de trabajo gubernamentales, el grupo original de respuesta al COVID-19 y el grupo de alto nivel del Gobierno, nombrado el 8 de abril. Los sindicatos están discutiendo el seguimiento de las medidas actualmente vigentes y, en caso de prolongarse, hasta cuándo. Entre tanto, más de 420.000 personas celebran “negociaciones de colaboración”, es decir, se encuentran en riesgo de ser despedidas definitiva o temporalmente, lo que concierne solamente a las empresas con 20 o más trabajadores. (20 de abril)
  • El número de trabajadores que participan en las negociaciones ha aumentado considerablemente durante la semana y actualmente asciende a 240.000 personas que se encuentran ya sea en riesgo o que ya hayan sido despedidas temporalmente (trabajo a tiempo reducido). El enfoque sindical se centra ahora en garantizar que los despidos sean temporales y no se conviertan en despidos reales. (27 de marzo)
  • El 18 de marzo, los interlocutores sociales finlandeses presentaron una propuesta conjunta al Gobierno que incluye 16 puntos de acción. Contiene tres pilares: reducción temporal de las contribuciones del empleador a las pensiones (por 910 millones de euros); procedimientos de reducción de tiempo de trabajo o despido temporales más rápidos para garantizar que los despidos sigan siendo el último recurso; y salvaguardar los medios de vida. La propuesta incluye, entre otros elementos, una relajación de los períodos de despido y tiempos de negociación en caso de empresas. Al mismo tiempo, los trabajadores estarían protegidos a través de un mejor acceso a las prestaciones, incluso a través de un subsidio de despido. Después de su presentación y de modificaciones, el Gobierno tomó medidas inspiradas por el acuerdo y dos días después se alcanzó con un plazo reducido a 3 meses. (24 de marzo)
  • El ministerio de asuntos económicos y empleo afirma que está preparando las modificaciones legales necesarias para incluir temporalmente a los trabajadores autónomos y por cuenta propia en el sistema de seguridad del desempleo. La idea es que las empresas sean consideradas como empresas a tiempo parcial y sobre esa base las personas tengan derecho al subsidio de desempleo. La enmienda no hace distinción entre los diferentes tipos de empresas. La enmienda a la Ley de seguridad del desempleo tiene una duración limitada. Los sindicatos apoyan ampliamente las modificaciones propuestas. (24 de marzo)
  • SAK cuenta con un portal de información para los sindicatos y STTK publica diariamente las actualidades.
Francia
  • Los repartidores que trabajan para una plataforma ahora tienen acceso al fondo de solidaridad para los trabajadores y pueden obtener ayuda subvencionada y exenciones de impuestos limitados. Los sindicatos han estado pidiendo condiciones de acceso flexibles (y la carga de la prueba de la reducción de ingresos). Estas demandas ahora han obtenido respuesta: las nuevas condiciones de acceso al fondo son más flexibles, incluso de forma retroactiva hasta el mes de marzo. Aun así, en lo que concierne la salud y la seguridad en el trabajo y la baja por enfermedad remunerada, la mayoría de las empresas de plataformas en el sector de reparto de alimentos se están quedando atrás. (10 de mayo)
  • La solicitud de FO relacionada con la necesidad apremiante de negociar un convenio nacional interprofesional sobre teletrabajo (también aquí), a fin de garantizar un marco de protección para todos los trabajadores interesados. Los nuevos datos de la encuesta muestran la tensión psicológica que conlleva el teletrabajo, el cual sigue sin contar con mucha orientación, especialmente para los trabajadores no acostumbrados a esta forma de trabajo. Por consiguiente, el posible convenio también debe incluir un “derecho a desconectarse”). (14 de mayo)
  • En el sector de la hostelería y la restauración, el 92% de los establecimientos siguen cerrados y no tienen perspectivas de reapertura. Incluso si el Gobierno aumentara la ayuda (incluyendo el desempleo de corta duración) y prepara un plan de recuperación para el sector turístico, la federación FGTA-FO teme miles de despidos. Por el momento, se paga el 84% del salario anterior en el marco del programa STW, que corresponde a una reivindicación de FO. Con grupos corporativos más grandes, los sindicatos han negociado con éxito una compensación adicional del empleador. Así, en el Louvre Hôtel se mantiene el 100% del salario y en el grupo Accor el 90%. Sin embargo, la mayoría de los empleadores son pequeñas empresas y no pueden compensar la remuneración de sus trabajadores, a quienes antes de la crisis solía remunerarse de forma subrepticia o parcialmente con propinas. En la medida en que el Gobierno puso en marcha un plan de recuperación, FGTA-FO reclama un IVA reducido al 5,5% (en relación con el 10% actualmente) con compensación para los trabajadores. (14 de mayo)
  • A medida que Francia avanza en su primera semana de desconfinamiento, la CFDT formuló 15 demandas políticas a modo de una actualización del “PACTE DU POUVOIR DE VIVRE“. En una carta enviada al primer ministro a principios de mayo, los 55 signatarios del Pacto pidieron que se implementaran quince medidas esenciales tan pronto como terminara el confinamiento. Las organizaciones solicitan una ayuda solidaria excepcional (250 € por mes y por persona hasta que comience el próximo curso escolar) y la extensión de las disposiciones excepcionales para que los más desfavorecidos tengan acceso a la atención médica. Otras demandas incluyen un fondo nacional para ayudar a los más afectados a pagar alquileres y gastos; así como una conferencia sobre inversión social y la condicionalidad medioambiental y social relativa a toda ayuda pública concedida a las grandes empresas. (11 de mayo)
  • La CFDT respalda la disposición (en discusión en el Parlamento francés) de extender la cobertura de seguro médico y pensiones a todos los trabajadores en situación de reducción de tiempo de trabajo (actualmente alrededor de 12 millones de personas) independientemente de si su contrato preveía inicialmente contribuciones. (11 de mayo).
  • Los sindicatos denunciaron el hecho de que no participan como miembros del comité responsable de dar seguimiento a la implementación y la evaluación de las medidas de apoyo financiero para las empresas que enfrentan la epidemia del COVID-19. Este elemento se considera importante para preparar la etapa de desconfinamiento, pero también para vigilar el uso (y, a veces, el abuso) de los regímenes de trabajo a tiempo reducido. En todos los sectores, privado y público, los sindicatos solicitan que los planes o protocolos de recuperación se negocien con las organizaciones sindicales. Los sindicatos también expresaron su preocupación por la ausencia de consultas sobre la reapertura de las escuelas. (27 de abril).
  • En su evaluación para determinar si algunas de sus demandas iniciales han sido tomadas en cuenta por el Gobierno, la CFDT destaca (entre otras) la prima de solidaridad para los hogares más pobres (a partir del 15 de mayo); el acceso para todos los trabajadores autónomos, incluidos los trabajadores de plataformas, al fondo de solidaridad; la suspensión de la reforma de las prestaciones por desempleo y la ayuda personalizada para la vivienda; la prohibición de pagar dividendos para las empresas que reciben ayuda estatal (ya sea en forma del aplazamiento de las cargas sociales o fiscales, o mediante un préstamo garantizado por el Estado). El reconocimiento del COVID-19 como patología relacionada con el trabajo y, por lo tanto, como una enfermedad profesional que no se limite a los sectores sanitarios y de atención sigue siendo una reivindicación fundamental de la CFDT. (27 de abril).
  • La confederación CFDT exige la negociación de protocolos sectoriales o empresariales como preparación para la desescalada parcial del confinamiento, el 11 de mayo. Aun cuando los interlocutores sociales discuten las medidas nacionales en reuniones periódicas con el Gobierno, las discusiones también tendrían que celebrarse a nivel local, sectorial, administrativo y empresarial. Los protocolos deben tomar disposiciones para suministrar equipos de protección (gel hidroalcohólico, mascarillas), asegurar el cumplimiento de las normas de distanciamiento de seguridad o la individualización de las herramientas de trabajo. En el sector público, los sindicatos no solo desean protocolos de SST sino que también lamentan la falta de diálogo social. La CFDT también confirma su demanda de indemnización de las personas infectadas por el coronavirus durante su trabajo o en el trayecto a su trabajo. Con este fin, solicitan que se cree un Fondo, que también cubriría posibles problemas patológicos de salud a largo plazo. (23 de abril)
  • Tras el anuncio del Gobierno francés de un posible y paulatino desconfinamiento a partir del 11 de mayo, la CGT recomendó mejorar las medidas de protección antes de emprender cualquier vuelta al trabajo. El sindicato afirma que las medidas sanitarias son insuficientes en este momento. Esta insuficiencia se refiere a los equipos para profesionales sanitarios, la ausencia de pruebas serológicas generalizadas y la falta de claridad con respecto a los métodos de seguimiento móvil. La CGT denuncia que el enfoque adoptado favorece a las grandes empresas, dejando a los trabajadores desprotegidos y manteniendo cerrados algunos sectores. Piden al Gobierno que extienda la cobertura de desempleo más allá de la crisis inminente y que la aumente hasta el 100% del salario inicial. Para retornar el trabajo, el Gobierno y los empleadores deben garantizar medidas apropiadas de salud y seguridad en el lugar de trabajo en cooperación con los organismos de salud especializados y los inspectores del trabajo. (16 de abril)
  • El 22 de marzo, el Gobierno adoptó una ley que declara el estado de emergencia sanitaria. A esta ley han seguido varios decretos, ya que las competencias parlamentarias se han reducido provisionalmente. Las nuevas medidas incluyen normas más favorables para el reembolso de las bajas por enfermedad, un aumento de la compensación de la seguridad social al 90% de los salarios brutos y se facilitan las normas en vigor para el desempleo parcial (tiempo reducido). También se ofrece a los empleadores varias excepciones al código laboral, incluida la posibilidad de modificar los acuerdos de licencias remuneradas (solo si se negocia un convenio colectivo a nivel de empresa) y un aumento del tiempo de trabajo para los sectores que son esenciales para la continuidad económica y social. (31 de marzo)
  • En su respuesta a las medidas gubernamentales, todos los sindicatos insisten en que debe confirmarse la naturaleza temporal de las excepciones al código laboral. También exigen más claridad sobre cuáles son los sectores esenciales para la continuidad económica y social del país. Habida cuenta que la derogación del Código del Trabajo con respecto al tiempo de trabajo y los períodos de descanso para las empresas en los sectores “esenciales” podría durar hasta el 31 de diciembre de 2020, es decir, mucho más allá de la crisis sanitaria real, el sindicato FO expresó su preocupación por la instrumentalización de la crisis actual para debilitar la protección y los derechos existentes de los trabajadores. (1 de abril)
  • Los sindicatos piden una mayor protección de los trabajadores vulnerables y precarios. Insisten en levantar el techo para la compensación del desempleo parcial (trabajo reducido), para que los trabajadores no pierdan su salario. A fin de proteger el empleo, varios sindicatos exigen la prohibición de los despidos.
  • Actualmente se están negociando acuerdos a nivel sectorial y de empresa para implementar las excepciones al código laboral y para parar o reducir actividades de los trabajadores en sectores como la construcción y el sector público. En cualquier caso, la CGT está pidiendo un cese de actividades para los trabajadores de plataformas digitales que hacen entregas y una compensación salarial completa. El 27 de marzo y el 3 de abril se organizaron dos acciones colectivas.
  • En su respuesta a las medidas gubernamentales, los sindicatos piden una mayor protección de los trabajadores vulnerables y precarios. También insisten en levantar el tope de la compensación del tiempo reducido o desempleo parcial, para que los trabajadores no pierdan su salario. Varios sindicatos exigen la prohibición de los despidos, con el fin de proteger el empleo.
  • Los interlocutores sociales franceses han emitido una breve declaración conjunta sobre el COVID-19, reafirmando el papel esencial del diálogo social y la negociación colectiva. Piden a los Gobiernos y a las empresas que pongan en marcha todos los medios necesarios a favor de la salud y la seguridad de los trabajadores. Los sindicatos y los empleadores acordaron mantenerse en contacto tanto como sea posible y subrayar el papel de los regímenes de protección social. (19 de marzo)
  • En el sector de servicios, se ha negociado un fondo de solidaridad COVID-19 y planes de salud complementarios entre una federación sindical en el sector de la hostelería. Este fondo permite a los trabajadores y empleadores del sector estar completamente exentos de contribuciones el segundo trimestre de 2020 y seguir estando protegidos independientemente de su situación. El sector de hoteles, cafés y restaurantes cuenta con 800.000 trabajadores y se ha visto severamente afectado por las decisiones de cierre vinculadas al confinamiento.
  • La decisión gubernamental de excluir al sector de la construcción de las medidas sobre desempleo parcial han sido severamente criticadas por los interlocutores sociales de este sector. (20 de marzo)
  • Las federaciones en el sector de las aerolíneas están haciendo sonar las alarmas sobre las especulaciones del sector privado y pide al Gobierno que sostenga la primera aerolínea francesa.
  • También se solicita una congelación de dividendos para el año 2020 a fin de poder mantener la liquidez en las empresas. (25 de marzo)
  • Varios sindicatos (CGT, CFDT, FO, UNSA) han creado páginas web específicas para proporcionar asesoramiento práctico a los trabajadores.
Irlanda
  • El Comité de Discapacidad del ICTU firmó una declaración conjunta de varios grupos de la sociedad civil y de derechos humanos, pidiendo a todos los agentes estatales que cumplan con sus obligaciones en virtud de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (UNCRPD). Las personas con discapacidad son particularmente vulnerables durante esta pandemia sanitaria mundial. Con el reciente anuncio de una tasa general de desempleo del 28,2%, las dificultades que experimentan las personas con discapacidad para conseguir un trabajo decente en el futuro aumentarán en gran medida. Por consiguiente, ICTU hace un llamamiento a no dejar atrás a las personas con discapacidad cuando dé comienzo la recuperación económica. Asimismo, hacen un llamamiento para facilitar el trabajo flexible y el teletrabajo para las personas con discapacidad con el interés de aumentar su participación en el mercado laboral. (11 de mayo)
  • A fin de preparar la flexibilización de sus medidas de confinamiento, el Gobierno irlandés lanzó un protocolo de vuelta al trabajo en condiciones seguras: Return to Work Safely Protocol. Este instrumento surgió de las discusiones entre ambos interlocutores sociales. ICTU lo considera integral, ya que abarca elementos que incumben a los empleadores y a los trabajadores relativos al distanciamiento social, higiene de las manos, primeros auxilios, salud mental, ventilación y calefacción, para reducir el riesgo de la COVID-19 en el lugar de trabajo. (8 de mayo)
  • El Gobierno irlandés anunció un plan de apoyo temporal a los ingresos. Los Comisionados de Ingresos de Irlanda también tienen que publicar documentos de “orientación” sobre la forma en que se implementará. Debe conservar el ingreso neto de los trabajadores que ganan aproximadamente el salario medio. La central Irish Congress of Trade Unions (ICTU) emitió una respuesta inmediata dando la bienvenida a la medida (la respuesta del sindicato SIPTU puede consultarse aquí). Esta iniciativa se puso efectivamente en marcha con una carta que la ICTU envió al Primer Ministro el miércoles 18 de marzo y una propuesta posterior presentada al día siguiente. El nuevo plan implica un subsidio salarial temporal del 70% de la remuneración hasta un monto máximo semanal libre de impuestos de 410 euros por semana para evitar despidos. Los trabajadores que han perdido su empleo, incluyendo los trabajadores por cuenta propia, reciben mejores prestaciones de desempleo, de 350 euros por semana (un aumento de 203 euros), lo mismo se aplica a la remuneración de la licencia por enfermedad. (30 de marzo)
Islandia
  • Islandia se prepara para un levantamiento parcial de las restricciones el 4 de mayo, lo que permite pequeñas reuniones de hasta 50 personas, siempre que se respete una distancia entre personas de 2 metros; todas las escuelas reanudarán sus actividades normales; y algunas empresas podrán reabrir. El 16 de abril, se presentaron alrededor de 33.000 solicitudes de prestaciones por desempleo, correspondientes a aproximadamente el 16% del mercado laboral, con proyecciones de una tasa de desempleo del 14% en mayo. Es dentro de este contexto que ASI expresó su decepción ante las nuevas propuestas económicas gubernamentales. Medidas tales como el apoyo a los trabajadores desempleados y los planes para la creación de empleo en sectores específicos fueron bien recibidos por los sindicatos. Sin embargo, ASI subraya que algunos trabajadores aún no reciben ningún apoyo, incluidas las personas con enfermedades subyacentes, las mujeres embarazadas y los padres que han perdido su trabajo debido a las limitadas actividades preescolares y escolares. Además, no se impusieron obligaciones a las empresas que se benefician de los aplazamientos y ayudas fiscales. (23 de abril)
  • Una declaración tripartita conjunta firmada el 5 de marzo establece una garantía salarial durante la cuarentena. El Gobierno islandés, la Confederación SA de Empresas de Islandia y la Confederación Islandesa del Trabajo asumieron respectivos compromisos. Los empleadores fomentan la remuneración continua, los sindicatos utilizan los fondos de la licencia por enfermedad en caso de que sus derechos de este tipo de licencia se hayan agotado, y el Gobierno revisa el seguro de salud islandés para reembolsar en parte a los empleadores o ayudar a los trabajadores en cuarentena que no pueden trabajar desde casa. (5 de marzo)
  • Desde entonces, la Confederación Islandesa del Trabajo (ASI) proporcionó un modelo de acuerdo sobre una reducción temporal del tiempo de trabajo con una reducción de la remuneración, así como orientaciones en relación con la nueva medida sobre las prestaciones por desempleo parcial. Una reducción en el tiempo de trabajo con reducción de remuneración solo puede aplicarse sobre la base de un acuerdo celebrado entre el empleador y el trabajador. Las personas que trabajan por cuenta propia están cubiertas por la legislación que se aplicaría hasta el 1 de junio de 2020. Si una empresa quiebra, los trabajadores son remunerados por el Fondo de Garantía Salarial. El número de horas trabajadas después de la reducción del tiempo de trabajo debe corresponder por lo menos al 25% del número de horas a tiempo completo. Los subsidies de desempleo están limitados al 90% del monto que se recibía antes de que la reducción del tiempo de trabajo entrara en vigor, y no pueden exceder las 700.000 ISK
    • Los trabajadores cuya remuneración por un puesto de trabajo a tiempo completo antes de la reducción era de 400.000 ISK o menos recibirán una compensación completa.
    • Los trabajadores cuya remuneración por un puesto de trabajo a tiempo completo antes de la reducción era superior a 400.000 ISK tienen la garantía de que la suma de los salarios recibidos del empleador y los subsidios de desempleo no serán inferiores a 400.000 ISK. (30 de marzo)
Israel
  • Un convenio colectivo establece las condiciones para la reapertura del sector público. El Ministerio de Finanzas e Histadrut acordaron que aquellos a quienes no se les permita regresar a trabajar bajo las restricciones actuales, recibirán el 80% de su salario (el 12,5% ​​se considerará como un anticipo que será devuelto distribuido los 10 meses posteriores a su vuelta al trabajo). En general, los costos salariales son por ahora para el empleador (a diferencia de los acuerdos de crisis anteriores donde los costos también fueron asumidos por el trabajador). El acuerdo se extiende hasta finales de junio. (3 de mayo)
  • Para apoyar a los trabajadores por cuenta propia y a los autónomos, Histadrut y la Cámara de Organizaciones y Empresas Independientes de Israel tienen la intención de cooperar. En una declaración conjunta dirigida al Gobierno, exigen garantizar el pago inmediato de las prestaciones por desempleo a los trabajadores autónomos, de acuerdo con las mismas normas y derechos de los asalariados. (20 de abril)
  • El 30 de marzo de 2020, se puso en marcha el plan de respuesta económica del Gobierno al COVID-19. Sobre la base de cuatro pilares, prevé la asignación de ayuda financiera de 70.000 millones de NIS. El paquete fue considerado insuficiente por los sindicatos. En particular, piden un plan de emergencia para la industria de la aviación.
  • Histadrut anunció su intención de establecer un sindicato para los trabajadores autónomos y brindarles servicios jurídicos en tiempos de crisis. (1 de abril)
  • El 18 de marzo se celebró un convenio colectivo del sector público para garantizar licencias retribuidas. Se deducirán del derecho anual de vacaciones. El acuerdo se aplicará a los funcionarios públicos, las autoridades locales y otros trabajadores del sector público. El convenio colectivo también estipula la creación de un fondo conjunto de vacaciones por parte de los interlocutores sociales para ayudar a los trabajadores que no acumularon suficientes días de vacaciones, en virtud del principio de garantía recíproca. Al mismo tiempo, la central Histadrut está pidiendo al Gobierno que garantice los ahorros de pensiones tras el rendimiento negativo del mes de marzo. Exigen convocar discusiones urgentes sobre el tema. (23 de marzo) Tras el convenio colectivo para regular el empleo en el sector público, Histadrut ahora está negociando las condiciones para la prolongación del período de crisis y la vuelta al trabajo. (1 de abril)
  • Histadrut y el Gobierno manifestaron su intención de firmar un convenio colectivo que regule el empleo de los trabajadores del sector público durante la crisis del COVID-19. Los trabajadores no esenciales obtendrían una licencia obligatoria remunerada que se descontaría de sus vacaciones. Los empleadores del sector público y los sindicatos establecerán un fondo conjunto de días de vacaciones para emergencias. (16 de marzo)
Italia
  • Las tres afiliadas de la TUAC (CGIL, CISL y UIL) pidieron conjuntamente una extensión de las medidas de la red de seguridad social ya que perciben problemas de liquidez inminentes. Las tres centrales sindicales también apoyan la posición de la CES sobre el plan de recuperación de la Unión Europea. Días antes, las tres solicitaron también introducir modificaciones en el Decreto de relanzamiento:
    • nuevas inversiones para construir infraestructuras esenciales tangibles e intangibles, incluidas redes digitales
    • una reforma fiscal general que ponga en marcha la lucha contra la evasión fiscal
    • una nueva política de desarrollo industrial y eco-sostenible, también con el uso de los recursos puestos a disposición por la Unión Europea para sectores y actividades estratégicos en las regiones y para un empleo estable y de calidad
    • un fortalecimiento de las políticas sociales y del sector público (educación, formación, salud y seguridad social). (17 de junio)
  • La enfermedad del COVID-19 ahora está clasificada como accidente laboral en Italia. Esta medida fue bien recibida por los sindicatos. Sin embargo, exigen más aclaraciones sobre la responsabilidad corporativa y la carga de la prueba. El Instituto Nacional de Seguros contra Accidentes de Trabajo (INAIL) ha adoptado los criterios de razonabilidad, relacionados con el principio de simple presunción, y el criterio lógico-científico relacionado con un principio de presunción cualificada. El INAIL ha distinguido dos categorías fundamentales de trabajadores. La primera categoría incluye a los trabajadores expuestos a un alto riesgo para la salud, en primer lugar, por ejemplo, los trabajadores sanitarios y luego todos los trabajadores que están en contacto con el público/usuarios (como, por ejemplo, empleados de oficina, cajeros, banqueros, empleados que limpian las instalaciones de atención médica). La segunda categoría incluye a todos los demás trabajadores. La primera categoría no debe considerarse definitiva. Entre tanto, los trabajadores de la segunda categoría deben demostrar que el virus se contrajo en el lugar de trabajo. (22 de mayo)
  • La reactivación de la economía está tomando forma. Los sindicatos señalan la necesidad de inversiones de calidad como parte del denominado “Decreto de relanzamiento”. Según la CISL, esto implicaría “transferencias no reembolsables, apoyo inmediato de liquidez para las PYME y vincular a los ‘impulsores’ de la innovación, las nuevas tecnologías a las inversiones en la construcción y las políticas de la cadena de suministro que rescaten a los sectores más afectados: la manufactura y la industria, pero también el turismo, el transporte y la logística. Como parte del Decreto, algunos Fondos de Solidaridad podrían reducirse drásticamente, como en los sectores de la artesanía y la administración, que los sindicatos criticaron. (11 de mayo)
  • El “Protocolo común para la regulación de medidas para luchar contra el virus COVID-19 y su propagación en el lugar de trabajo” (inicialmente firmado el 14 de marzo) fue renovado entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Las medidas de confinamiento se relajarán gradualmente a partir del 4 de mayo. El protocolo es parte de un decreto. En el anexo figuran dos protocolos específicos para el sector del transporte y el de la construcción. Específicamente, el protocolo actualizado incluye:
    • El derecho a la información relativa a las medidas gubernamentales, sobre las obligaciones y derechos en caso de síntomas que puedan estar relacionados con la enfermedad COVID-19;
    • Acceso a lugares de trabajo que tengan mejores condiciones de seguridad gracias a la medición de la fiebre, pruebas;
    • Procedimientos y horarios específicos de entrada para los proveedores externos y la extensión de estas medidas a las empresas subcontratistas;
    • Obligación de limpieza y desinfección periódica de los lugares de trabajo;
    • Disponibilidad de detergentes, gel desinfectante y equipo de protección personal: uso de mascarillas, cuando sea posible, autoproducción de gel de acuerdo con las pautas de la OMS; cuando no es posible un distanciamiento físico de 1 metro y cuando se utilizan zonas comunes, el uso de mascarilla es obligatorio;
    • Organización del trabajo, turnos y trabajo inteligente: debe preferirse el trabajo inteligente y, cuando no sea posible, podrían revisarse los módulos de producción. Como tal, los turnos deben reorganizarse para reducir lo más posible los contactos; todos los viajes de trabajo y formación están suspendidos;
    • Disposiciones específicas cuando se detecta un trabajador con síntomas en el lugar de trabajo; (24 de abril)
  • Tras llegar a un acuerdo para el sector público (3 de abril), se negociaron acuerdos sectoriales a nivel nacional en los sectores de la saludy la gestión de residuos, y CGIL FP obtuvo disposiciones especiales para el personal de la policía municipal, que concede igualdad de trato en el acceso al equipo de protección personal y a las  medidas de protección con la policía nacional, plenos poderes y un bono de indemnización. (23 de abril).
  • El domingo pasado, el Gobierno italiano presentó una lista de actividades económicas “esenciales” que podían seguir funcionando en las circunstancias actuales. La lista incluía unos 80 códigos ATECO 2007 de 2 dígitos (la versión italiana de las actividades Nace Rev. 2 de la UE), que los sindicatos consideraron muy extensa. CGIL-CISL-UIL reaccionaron amenazando con una huelga general y las consultas entre los sindicatos y el Gobierno continuaron hasta el miércoles, lo que resultó en una lista revisada y abreviada de actividades económicas consideradas “esenciales”, gracias a un examen exhaustivo a nivel de 4 dígitos (subsectorial). Los sindicatos lo definieron como un “importante trabajo en común” y un “gran resultado”. (27 de marzo)
  • El decreto gubernamental “Care Italy” tomó en cuenta varias demandas sindicales. Este decreto prevé una financiación de 25.000 millones de euros y movilizó recursos por 350.000 millones de euros. Las medidas incluyen entre otras un fondo de indemnización por despido, licencia parental remunerada extraordinaria, compensaciones únicas para trabajadores autónomos, artistas y trabajadores agrícolas, financiación de pequeñas y medianas empresas y posponer los plazos fiscales. Las medidas importantes también incluyen: 12 días adicionales de baja remunerada; la inclusión de días de cuarentena en la baja por enfermedad; y 60 días de suspensión de despidos colectivos e individuales por razones económicas. (18 de marzo)
  • Las organizaciones sindicales CGIL, CISL y UIL han decidido hacer una donación financiera con fondos propios y harán una convocatoria de donaciones. (18 de marzo)
  • El Gobierno emitió un “Protocolo conjunto para regular las medidas diseñadas para luchar y contener la propagación del COVID-19 en los lugares de trabajo” con 13 puntos de acción que deberán aplicar respectivamente sindicatos y empleadores tras la presión ejercida por los sindicatos para evitar la sobrecarga de trabajo para los trabajadores de atención al público y el contagio en el lugar de trabajo. El código de conducta prevé que estas medidas se reproduzcan en otras medidas relacionadas con las redes de seguridad social, una organización inteligente del trabajo y el objetivo general de mantener la actividad económica y garantizar entornos de trabajo seguros (incluyendo a través de protocolos). Asimismo, incluye vacaciones pagadas negociadas también por convenio colectivo y exigir convenios específicos en los sectores operativos. (14 de marzo)
Japón
  • RENGO hizo un llamamiento exigiendo medidas globales dirigido al Ministerio de Revitalización Económica. El sindicato destacó tres pilares esenciales: 1. Priorizar la prevención de una mayor propagación del COVID-19 teniendo en cuenta que la situación actual empeora día tras día; 2. Tomar medidas urgentes para que las personas aseguren su vida diaria y las empresas continúen con sus negocios; 3. Proteger los puestos de trabajo con todas las medidas necesarias, incluido el aumento del subsidio de empleo. La aceptación y el monto del subsidio se consideraron insuficientes. (7 de abril)
  • Tras la serie de medidas tomadas, RENGO presentó un conjunto de demandas al Gobierno (incluyendo el cierre de centros escolares y educativos). Estas incluyen: (1) asegurar un lugar seguro que incluya programas de cuidado para niños después de la escuela; (2) informar a los empleadores y trabajadores adecuadamente para establecer un sistema de subsidios y evitar el despido o la suspensión del trabajo por el empleador, de modo que los padres puedan tomar una licencia debido al cierre de la escuela; (3) brindar apoyo e introducir el sistema de subsidios, así como la utilización del subsidio de ajuste del empleo (reducir las horas de trabajo para no recurrir al despido), para las micro, pequeñas y medianas empresas que enfrenten un cambio drástico en el entorno empresarial, a fin de que puedan asegurar sus puestos de trabajo. (5 de marzo)
Luxemburgo
  • Las tres centrales sindicales, CGFP, LCGB y OGBL publicaron una posición común lamentando la ausencia de diálogo social. Sus llamamientos a convocar una reunión tripartita fueron ignorados, por ejemplo, una reunión del Comité Tripartito de Coordinación. Las centrales sindicales también han sido dejadas al margen a la hora de desarrollar la estrategia de salida del Gobierno. A finales de abril se emitieron varios comentarios sustanciales a través de la Cámara de los Trabajadores (Chambre des salaries). La posición común hace hincapié en que el enfoque acelerado del Gobierno hacia la nueva ley relativa a la pandemia no deja mucho espacio para las aportaciones. Las tres centrales sindicales exigen una reunión de emergencia con el Primer Ministro, independientemente de cualquier otra reunión tripartita. (12 de mayo)
  • Las organizaciones sindicales acogieron con satisfacción la revisión de la legislación de emergencia sobre el tiempo de trabajo que relaja la presión que existe sobre los trabajadores esenciales. Como tal, se ha limitado la aplicación de la categoría de “sector esencial”. (7 de mayo)
Noruega
  • Una modificación en la reglamentación ahora permite combinar las prestaciones por desempleo con la formación. El nuevo programa, temporal, está vigente hasta el 1 de septiembre. Normalmente, no pueden combinarse las prestaciones y el hecho de seguir una formación. (22 de abril)
  • Las severas medidas para reducir la propagación del COVID-19 han tenido graves consecuencias para el mercado de trabajo y la economía de Noruega. Las políticas gubernamentales (introducidas principalmente el 20 y 27 de marzo) abarcan una amplia gama de medidas de apoyo a las empresas y, al mismo tiempo, amplían las prestaciones a todos los trabajadores que están de baja por enfermedad, trabajan a tiempo reducido o fueron despedidos. Todos los convenios colectivos existentes y actuales se prolongan hasta el 21 de agosto. La cooperación tripartita ha sido muy activa durante la crisis. Aun cuando casi siempre se les consultó, los sindicatos no han estado de acuerdo con todas las medidas adoptadas. Por consiguiente, el sindicato YS ha presentado más demandas y recomendaciones para limitar el impacto económico de la crisis, incluyendo:
    • Una extensión de las prestaciones de atención médica en línea con el cierre parcial de las escuelas.
    • Una prolongación del período de 20 días con salario completo durante los despidos temporales, ya que su número había superado los 300.000 para el 23 de abril.
    • Una extensión de las prestaciones de atención médica en línea con el cierre parcial de las escuelas.
    • Los trabajadores a quienes se les niegue el empleo debido a las regulaciones del COVID-19 deberán recibir una indemnización.
    • Una garantía de préstamo hipotecario para las personas y no solamente para las empresas.
    • La cobertura de los costos fijos para las empresas que no pueden reanudar sus actividades debido a las medidas de cierre.
    • Programas de subvenciones (bajo solicitud) y sistemas de garantía de préstamos de duración prolongada para los sectores seriamente afectados, tales como el turismo.
    • Las empresas que reciben ayuda pública no deberán pagar dividendos ni primas en 2020.
    • Nuevos fondos destinados a la formación y la educación para los trabajadores de los sectores que están reduciendo efectivos. (23 de abril)
Nueva Zelanda
  • La confederación New Zealand Council of Trade Unions presentó una petición a favor de una licencia por enfermedad más accesible y prolongada a la luz del coronavirus:
    1. Prologar el Plan de apoyo para la licencia en el marco de la COVID-19 para el próximo año, facilitar el acceso y cubrir a toda persona que presente síntomas de la COVID-19.
    2. Aumentar gradualmente la licencia legal mínima por enfermedad remunerada de 5 a 10 días durante el próximo año, con ayuda gubernamental para las pequeñas empresas.
    3. Disponer de una licencia por enfermedad para las personas que necesitan cuidar de sus dependientes, tanto hijos como padres.
    4. Suprimir el período de espera de 6 meses para acceder a la baja por enfermedad cuando se comienza un nuevo empleo.
    5. Eliminar la modificación de ley del Partido Nacional que permite exigir un certificado médico después de solo un día de baja por enfermedad. (3 de junio)
  • La central Council of Trade Unions emitió una declaración señalando que el paquete de medidas del Gobierno era una buena reacción inmediata. Hizo un llamamiento a los empleadores y empresas para que ahora tomen medidas paralelas destinadas a frenar la propagación del virus y permitir que todos los trabajadores (independientemente de la situación laboral) puedan aislarse o tomen licencia por enfermedad. El nuevo régimen de subsidio salarial se considera una buena forma de apoyar a las empresas. Los 500 millones de NZD adicionales para servicios sanitarios deberían destinarse específicamente a apoyar a los trabajadores del sector de la salud. El CTU también advirtió a los empleadores que debían trabajar con los sindicatos para preparar los sectores críticos (cuidado de personas mayores, personal de limpieza, personal sanitario, sector público, comercio minorista y hotelería). (18 de marzo)
Países Bajos
  • Los trabajadores jóvenes menores de 35 años recurrieron a la ayuda social en un porcentaje superior al 60% desde el inicio de la crisis de la COVID-19. FNV señala que muchos de ellos son trabajadores con horario flexible que no han podido permanecer en su empleo. La prestación por tiempo reducido dura tres meses. Los sindicatos solicitan la extensión de este período en el contexto actual. (6 de junio)
  • Una encuesta de FNV entre los taxistas muestra que el 71% espera dejar de trabajar como taxista el próximo año. En el caso de los taxistas de plataforma (que trabajan principalmente para Uber), el porcentaje que espera dejar esta actividad (76%) es superior al de los taxistas autónomos que conducen en el marco de para una central de taxis (68%). (4 de junio)
  • Tras un escándalo sobre el brote de coronavirus entre los trabajadores migrantes en la industria cárnica (donde el 90% proviene de Europa del Este), la FNV ha denunciado la insalubridad de las condiciones de trabajo y transporte. Este problema en concreto preocupa desde hace mucho tiempo al movimiento sindical neerlandés, la crisis de la COVID-19 ha venido a exacerbarlo aún más, así como la dependencia de los trabajadores migrantes de los empleadores, también en lo que respecta a su vivienda. El parlamento emitió uninforme en línea que contenía la visión del sindicato sobre una migración laboral justa y las soluciones a los problemas estructurales. (22 de mayo)
  • Decenas de miles de trabajadores/as del hogar se encontraron bruscamente sin trabajo y sin ingresos, pero muy a menudo no pueden recurrir a la seguridad social. Por lo tanto, FNV ha pedido al Gobierno en una carta ayuda para estos trabajadores. (29 de abril)
  • Con el aumento de las compras en línea y el comercio electrónico durante la crisis, la FNV anunció el relanzamiento de las conversaciones sobre el convenio colectivo con DHL Parcel, incluyendo las condiciones y la intensificación del trabajo. (29 de abril)
  • FNV Young & United y el National Student Union (LSVb) piden una solución para los estudiantes que, debido a su pérdida de ingresos, se verán afectados financieramente. Este llamamiento de LSVb y FNV Young & United al Gobierno propone un apoyo mínimo de ingresos de 530 euros por mes para cubrir los gastos básicos. (29 de abril)
  • Los interlocutores sociales expresaron su apoyo a las medidas gubernamentales de emergencia. Estas medidas del conjunto del Gobierno prevén permitir que “las empresas puedan continuar remunerando a su personal, salvar las disparidades que afectan a los trabajadores autónomos y permitir que el dinero permanezca en las empresas a través de regímenes fiscales relajados, compensaciones y facilidades de crédito adicionales”. El paquete incluye un acuerdo temporal de 3 meses para la compensación de los costos salariales concluido con el fin de evitar despidos, suplementos a los ingresos de los empresarios por cuenta propia y autónomos (para alcanzar un nivel mínimo) y sistemas de compensación, créditos fiscales y otras medidas para los sectores afectados y las pequeñas y medianas empresas. La FNV acogió con satisfacción el hecho de que las medidas se extiendan, además de los trabajadores regulares, a los trabajadores precarios y a los autónomos. (17 de marzo)
Reino Unido
  • El sindicato de servicios públicos UNISON ha creado un fondo de respuesta a la COVID-19 para proporcionar una red de seguridad para sus miembros. La organización benéfica destinada a este fin, There for You, ha podido conceder subvenciones de emergencia a más de 900 miembros. Los organizadores establecieron el objetivo de 250.000 libras esterlinas de donaciones por ramo para finales de junio. (16 de junio)
  • Los trabajadores negros y los pertenecientes a minorías étnicas (BME, por sus siglas en inglés) deben completar una encuesta de la central sindical TUC para señalar si han recibido un trato injusto durante la crisis. (2 de junio)
  • El plan para los trabajadores autónomos, por el que lucharon los sindicatos, ha ayudado a proteger los medios de vida, ahora TUC está pidiendo al Gobierno que lo amplíe. También señala una situación anómala e injusta en la que un trabajador por cuenta propia, que tiene un ingreso total de hasta 100.000 £, y que incluyan ganancias comerciales de 50.000 £, es elegible para recibir apoyo en el marco de este programa, mientras que un trabajador con un salario bajo que recibe poco más de la mitad de su salario no sería elegible. Dos tercios del 67% de los trabajadores autónomos de la industria cinematográfica y televisiva del Reino Unido han informado que no pueden reclamar el apoyo del SEISS, mientras que el sindicato de músicos calcula que casi el 40% de sus miembros no cumplen con todos los requisitos del programa. (28 de mayo)
  • TUC pidió ampliar y adaptar el programa de mantenimiento del empleo más allá del período de confinamiento. Esta medida se dirige específicamente a los grupos de riesgo, los padres para quienes el cierre continuo de las escuelas y el cuidado de los niños significa que no pueden trabajar y los trabajadores en sectores en los que la actividad no se reanudará (o no se reanudará por completo). Estos sectores también tienden a ser mal remunerados y cuentan con un número de trabajadores proporcionalmente más jóvenes. Durante la última crisis, el fondo Future Jobs Fund funcionó bien (hasta que llegó a su fin). El informe de TUC establece las siguientes condiciones para los empleos propuestos en el marco de un programa:
    • debe ser un empleo de seis meses como mínimo con una formación acreditada, remunerado por lo menos con un salario vital real, o la retribución negociada por el sindicato para dicho empleo, la que sea más alta
    • se ofrece a tantas personas como sea posible que se encuentran en situación de desempleo a largo plazo, pero dan prioridad a los trabajadores jóvenes y a aquellos que tienen seis meses o más de desempleo
    • son empleos adicionales, que no desplazan a otros trabajadores
    • proporcionan un beneficio a la comunidad, un beneficio público y/o ayudan a descarbonizar la economía, asegurando que los nuevos empleos contribuyan a la reconstrucción del país
    • respondan a las necesidades del mercado de trabajo local
    • promuevan y protejan la igualdad. (4 de mayo)
  • No todos los trabajadores clave reciben un salario vital suficiente según un nuevo informe de TUC. Al 38% de los trabajadores clave se les paga menos de 10 £ la hora. Este importe es más alto que el porcentaje entre los empleados que no son trabajadores clave (31%). Por consiguiente, TUC exige un aumento general del salario mínimo vital. El informe muestra disparidades regionales. Las minorías están sobrerrepresentadas en dichas ocupaciones, al igual que las mujeres (el doble de probabilidades). El 41% de las trabajadoras clave reciben menos de 10 £ por hora, en comparación con el 32% de los trabajadores clave masculinos. (1 de mayo)
  • El Secretario General de TUC pidió establecer un consejo nacional de reconstrucción. (20 de abril)
  • En respuesta a las medidas gubernamentales que prestan mayor apoyo a diversos tipos de trabajadores y otras medidas para evitar despidos, TUC dio a conocer sus orientaciones a los miembros y exhortó a los empleadores a actuar en consecuencia. En su blog “Insecure workers ARE eligible for government wage scheme – employers need to act”
  • (Los trabajadores precarios SON elegibles para el régimen salarial del Gobierno: los empleadores deben pasar a la acción), TUC hace un llamado a los empleadores para que utilicen el sistema de mantenimiento del empleo (Job Retention Scheme). Las empresas pueden reclamar el 80% de los costos salariales, pero deben pagar al menos este importe al trabajador afectado. TUC aclara que aquellos con contratos de duración determinada y los que entran en la categoría de “trabajador” (no de “empleado”) son elegibles para recibir las prestaciones, al igual que los trabajadores de cero horas. Los trabajadores autónomos pueden reclamar sus prestaciones a través de su propio régimen. La situación es un poco más compleja para los trabajadores de agencias de empleo, quienes tienen que pasar por la agencia, lo que podría llevarlos a no recurrir a esté régimen. TUC también exige a los empleadores evitar los despidos anteponiendo justificaciones económicas y sociales e insistan en los procedimientos de despido colectivo. (8 de abril)
  • TUC ha exigido un impulso de “emergencia” al crédito universal para ayudar a las personas a superar la epidemia de coronavirus. Sin un aumento urgente, el apoyo al desempleo será inferior en términos reales durante la epidemia de coronavirus que durante los picos de desempleo masivo de los años ochenta y noventa. Los cálculos de TUC muestran que incluso después del reciente aumento de 20£ por semana, la tasa básica del crédito universal vale solo una sexta parte del salario semanal medio de 94£ por semana. (6 de abril)
  • TUC ha publicado un conjunto de recomendaciones al Gobierno, cuyo paquete de medidas anunciado para proteger empleos y trabajadores fue considerado insuficiente. Las propuestas de TUC se estructuran en torno a 5 pasos: (1) garantizar que las medidas de apoyo a las empresas estén condicionadas al apoyo al empleo; (2) ajustar el sistema de pago por enfermedad para proporcionar una mejor remuneración para todos por este motivo (véase el llamamiento inicial para una reforma del sistema durante la crisis del COVID-19 y el llamado a firmar una petición dirigida al Gobierno); (3) introducir apoyo específico para padres que requieran de tiempo fuera del trabajo para cuidar a los niños; (4) proporcionar más ayuda a las familias y un estímulo para la economía; (5) reunir un grupo de trabajo integrado por sindicatos y empleadores para ayudar a coordinar el esfuerzo nacional. El informe de TUC calcula los efectos que ejercerá sobre los trabajadores y los sectores. Subraya que los paquetes de apoyo del Gobierno a las empresas y las garantías de préstamo de 330 mil millones de libras deberían estar supeditados a que las empresas establezcan medidas para proteger los empleos. TUC hace un llamado para establecer “Planes de empleos y salarios justos concluidos con organizaciones sindicales reconocidas como una condición para el acceso al apoyo del Gobierno, con detalles adicionales que serán acordados por el Grupo de trabajo sobre el coronavirus integrado por sindicatos y empresas”. Exige además medidas para proporcionar subsidios salariales para despidos temporales y el trabajo a tiempo reducido. Para las familias trabajadoras, el TUC solicita medidas de emergencia que incluyan:
    • Permiso parental garantizado para un cuidador principal durante el cierre de la escuela y la guardería, con reembolso gubernamental para los empleadores.
    • Protección contra el trato injusto o el despido de los padres que tomen este permiso, sin importar su antigüedad en el puesto de trabajo.
  • En adelante, TUC también pide un estímulo para apoyar los ingresos de los hogares. (18 de marzo)
  • NASUWT, uno de los sindicatos de docentes del Reino Unido, publicó una guía integral para sus miembros sobre todos los aspectos que afectan a los profesionales en este sector. Se brindan recomendaciones sobre el autoaislamiento, la cobertura de ingresos y de seguridad social de los docentes suplentes (trabajadores de agencia), el cierre de escuelas a corto y largo plazo y sobre salud mental. El National Education Union (NEU) también tiene un portal dedicado al tema con orientaciones concretas para diferentes ocupaciones (desde directores de escuela hasta docentes para niños con necesidades especiales). El NEU publicó, en colaboración con otros sindicatos, un manual para sus miembros y está negociando en cada escuela para garantizar la seguridad, el número de estudiantes, el distanciamiento, la higiene y la limpieza. (30 de marzo)
Suecia
  • Youth of 6F’”, una colaboración entre los sindicatos suecos, Byggnads (trabajadores de la construcción), Elektrikerna (energía eléctrica), Målarna (pintura), Fastighetsanställdas Förbund (asociación de trabajadores de bienes raíces) y Seko, inició una campaña contra el deterioro de las condiciones del trabajo en Suecia y las políticas neoliberales del Gobierno. (17 de junio)
  • El sindicato sueco de los trabajadores de la construcción, Byggnads, está negociando con la federación de empleadores Byggföretagen para prolongar su convenio colectivo con el fin de reducir al mínimo el impacto negativo de la COVID-19. (9 de junio)
  • Preocupados por el aumento del desempleo de larga duración, los sindicatos suecos (LO y TCO entre otros) criticaron enérgicamente la propuesta de la comisión de la Ley de protección del empleo (LAS) presentada al Gobierno para introducir una nueva legislación. La propuesta crearía más espacio para los despidos arbitrarios, debilitaría la posición de negociación del trabajador y la capacidad de impugnar los despidos improcedentes, al tiempo que reduciría los costos de despido para los empleadores. Asimismo, puede verse a la luz de las nuevas proyecciones de desempleo de los economistas sindicales, quienes prevén que alcance el 10% para fin de año. Continúan recomendando “inversiones en educación y reestructuración, infraestructura y construcción de viviendas, el bienestar municipal y una política favorable de distribución”. (4 de junio).
  • En una carta conjunta, LO, TCO y Saco han instado al Gobierno a que retire provisionalmente el límite de tiempo para los que participan en el programa de garantía del empleo y desarrollo. Los sindicatos argumentan que suprimir el límite de 450 días, además de aumentar la seguridad financiera para los trabajadores, representan una menor carga de trabajo para los servicios sociales, ya que las investigaciones sobre asistencia social se aplazarían y, en algunos casos, se evitarían. Además, evitaría una mayor tensión en la economía que ya se encuentra bajo presión de varios municipios. (23 de abril)
  • El 30 de marzo, el Gobierno estableció un paquete de medidas de crisis para el empleo y la transición, que fue bien recibido por LO-Suecia. Contenía varias propuestas sindicales anteriores. Unos días después, los economistas de LO publicaron un informe de evaluación demostrando que las medidas no serán suficientes. Pide que se tomen las medidas fiscales necesarias sin proyecciones sobre el futuro equilibrio de la deuda. El informe calcula un desempleo superior al 10% en los próximos meses. Para los grupos de trabajadores que carecen de una relación laboral permanente, los economistas piden una mejor protección de los ingresos durante la crisis. Piden un mejor acceso al permiso a tiempo completo financiada por el Estado; comprometerse a asignar al menos 30.000 millones de coronas suecas en subvenciones a regiones y municipios y trabajar en mejoras permanentes en la póliza de seguro de desempleo en relación con los ingresos. (17 de abril)
  • LO-Suecia mantiene contactos regulares con el Gobierno y la organización de empleadores, la Confederación de Empresas Suecas, así como con los partidos mayoritarios en el Riksdag (parlamento). El Gobierno sueco propone asignaciones presupuestarias para evitar despidos y quiebras, incluyendo aportar el 90% de la remuneración de los trabajadores afectados por el despido parcial (o tiempo reducido). Asimismo, cubrirá la remuneración de baja por enfermedad durante los próximos 2 meses, mientras que las empresas pueden diferir sus contribuciones a la seguridad social y algunos impuestos. Estas medidas fueron consultadas con los interlocutores sociales. LO-Suecia, sin embargo, recomienda otras medidas, incluido un seguro de desempleo reforzado con una mayor retribución y oportunidades para que un mayor número de personas pueda beneficiarse de este seguro. LO también pide medidas para que se aproveche esta oportunidad para desarrollar competencias, así como prepararse para el posible cierre de las escuelas. (18 de marzo)
  • A nivel sectorial, el sindicato de hoteles y restaurantes de Suecia ha firmado un acuerdo ad-hoc basado en las nuevas reglas de tiempo reducido (despido parcial) que cubren a todos los trabajadores, excepto los empleados de un día. El período de despido parcial se establece a nivel de la empresa y puede alcanzar hasta 6 meses (+ una extensión de 3 meses). En términos de ajustes salariales, se ha acordado la siguiente distribución:
    • Con una reducción de trabajo del 20%, el salario se reduce en un 4%.
    • Con una reducción de trabajo del 40%, el salario se reduce en un 6%.
    • Con una reducción de trabajo del 60%, el salario se reduce en un 7,5%. (18 de marzo)
Suiza
  • Al igual que muchos sindicatos de otros lugares, SGB pide la implementación de medidas para velar por que los aprendices y los trabajadores en prácticas tengan garantizada una remuneración completa y una forma de graduarse. Además, el sindicato subraya la necesidad de apoyo financiero adicional para el sector del cuidado infantil, con el fin de proporcionar una estructura que resista a la crisis. (7 de mayo)
  • SGB pide una mayor respuesta del Gobierno federal, incluyendo:
    • Que no haya despidos, sino que se aplique un sistema de trabajo a tiempo reducido: en esta difícil situación, las empresas no deberían despedir personal, sino proceder a un despido parcial o trabajo de tiempo reducido. Con el trabajo a tiempo reducido, el Gobierno federal tiene una potente herramienta para seguir asegurando el pago de los salarios incluso en caso de una caída en las ventas en las empresas y, por lo tanto, también para asegurar gran parte de la liquidez de las empresas.
    • Aplicar el trabajo a tiempo reducido de manera más amplia: el Consejo Federal debe salvar las disparidades entre los contratos de duración determinada y los salarios por hora lo más rápido posible, antes de que sea demasiado tarde.
    • Garantía salarial para los padres: si los padres deben quedarse en casa para cuidar a sus hijos, el empleador debe seguir pagando esencialmente los salarios. A fin de que los salarios sean seguros en toda circunstancia, SGB también exige una compensación salarial para los padres con obligaciones de cuidado infantil. Para este fin, deben utilizarse las estructuras existentes del sistema de compensación EO.
  • El sindicato del sector público SSP ha exigido condiciones de trabajo mejores y seguras para los trabajadores sanitarios y nuevas medidas para proteger a los trabajadores del sector social. Tras la decisión del Gobierno de suspender las disposiciones de la legislación laboral para los hospitales imponiéndoles así un horario laboral ilimitado, el sindicato inició una petición para revocar la decisión el 23 de marzo. Cuatro días después, la petición ya había obtenido 65.000 firmas. (30 de marzo)
Turquía
  • El Ministerio de Trabajo turco celebra reuniones de evaluación con los interlocutores sociales sobre las medidas políticas en curso. El ministro de Hacienda y Finanzas celebró una reunión ampliada del Comité de estabilidad financiera y desarrollo con organizaciones no gubernamentales con el fin de recibir propuestas y solicitudes para la vuelta a la vida laboral y a la producción. HAK-IS instó, entre otros aspectos, a vigilar el uso de la licencia no remunerada por parte de los empleadores. Los sindicatos HAK-İŞ, TÜRK-İŞ y TİSK emitieron tres declaraciones conjuntas sobre el subsidio de trabajo a tiempo reducido y las solicitudes de licencia sin goce de sueldo para exigir garantías gubernamentales contra el mal uso de estos programas. Además, HAK-IS insiste en su demanda de proporcionar asistencia en efectivo a 4 millones de refugiados afectados por la epidemia. (11 de mayo)
  • En respuesta a las medidas gubernamentales, uno de los sindicatos turcos, HAK-IS, planteó mayores demandas, incluido un paquete económico más completo, un tratamiento médico adecuado para los 4 millones de refugiados alojados en Turquía y mejores condiciones económicas y de salud y seguridad en el trabajo para los trabajadores sanitarios. Instan a implantar disposiciones para que no se despida a ningún trabajador por motivo de la pandemia. Entre tanto, el sindicato aprobó un plan de acción sobre SST que se distribuyó a todos los sindicatos afiliados. (29 de abril)
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