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El 2 de noviembre de 2020, la OCDE lanzó su nuevo Compendio sobre la gobernanza de las infraestructuras. Junto con la nueva Recomendación de la OCDE sobre la Gobernanza de las infraestructuras, este nuevo instrumento pretende ofrecer buenas prácticas para reforzar la planificación de las infraestructuras, su entrega y el proceso de toma de decisiones. Aunque el texto tiene como objetivo la inversión de calidad, lamentablemente la narrativa general es una que sigue tratando la infraestructura como una «clase de activo» para los inversores con un fuerte enfoque en el papel del sector privado, mientras que deja muy de lado la dimensión de bien público, así como la centralidad de los servicios públicos y el diálogo social en el diseño e implementación de los proyectos.
Los nuevos instrumentos de la OCDE se basan en un enfoque integral que abarca todo el ciclo de vida de los proyectos de infraestructuras y hace especial hincapié en las consideraciones regionales, sociales, de género y medioambientales, apoyando así una recuperación sólida, resistente, inclusiva y ecológica. En medio de una crisis mundial provocada por la pandemia del Covid-19, así como por una crisis climática, este enfoque parece muy oportuno. La crisis del Covid-19 es la crisis mundial más profunda de la historia moderna, con una caída sin precedentes del PIB mundial y un aumento masivo del desempleo. Como también se destacó en el reciente Consejo Ministerial 2020 de la OCDE, las inversiones en infraestructuras y su suministro serán una parte importante de la recuperación económica, medioambiental y social. Sin embargo, las dificultades para financiar las inversiones destinadas a ampliar los servicios públicos o a construir nuevas infraestructuras o reconstruir las existentes no es un reto nuevo para los gobiernos nacionales y regionales. En este sentido, la pandemia actual revela con mayor crudeza los efectos perjudiciales de las medidas de austeridad aplicadas desde la crisis financiera y económica de 2008 y la urgencia de reforzar las infraestructuras y los servicios públicos, incluida la atención sanitaria. Lamentablemente, los nuevos instrumentos de la OCDE se centran demasiado en las asociaciones público-privadas (APP) y en convertir las infraestructuras en una clase de activos para los inversores como solución rápida a la falta de financiación. Desarrollar las infraestructuras como una clase de activos (es decir, «titulizar» las infraestructuras para atraer a financieros y gestores de activos) en lugar de como un bien público (contratación pública, servicio público) es, sin embargo, contraproducente y puede incluso exacerbar las desigualdades, disminuir el acceso equitativo a los servicios esenciales y poner en peligro el cumplimiento de los derechos humanos. Los servicios públicos de calidad, incluidas las infraestructuras, son los cimientos de una sociedad justa y de una economía fuerte. Es a través de los bienes públicos como nuestras sociedades y economías se vuelven más equitativas, resistentes a las recesiones y las catástrofes, y protegen a los más vulnerables. Por muy bienvenidos que sean los nuevos instrumentos, el TUAC considera que es urgente recordar a la OCDE y a los gobiernos miembros que las infraestructuras públicas son beneficios públicos, no una «clase de activos» para los inversores. Más información:
- Compendio de la OCDE de prácticas políticas para una inversión en infraestructuras de calidad
- Recomendación de la OCDE sobre la gobernanza de las infraestructuras
FR
Nuevas recomendaciones de la OCDE sobre infraestructuras : De bonnes intentions, mais peu d’attention aux biens publics et au dialogue social
Le 2 novembre 2020, l’OCDE a publié son nouveau Rapport sur la gouvernance des infrastructures. Avec les Recommandations de l’OCDE sur la gouvernance des infrastructures, ce nouvel instrument propose de bonnes pratiques pour renforcer la planification, la mise en œuvre et le processus décisionnel en matière d’infrastructures. Aunque el texto apuesta por una inversión de calidad, trata las infraestructuras como una «clase de activos» para los inversores, haciendo hincapié en el papel del sector privado y dejando de lado la dimensión pública y la centralidad de los servicios públicos y del diálogo social en la concepción y ejecución de los proyectos. Estos nuevos textos de la OCDE se apoyan en un enfoque global que abarca todo el ciclo de vida de los proyectos de infraestructuras, haciendo hincapié en las consideraciones regionales, sociales, de género y medioambientales, con el objetivo de fomentar una recuperación «fuerte, resistente, integradora y verde». Dans le contexte de la crise mondiale provoquée par la pandémie de grippe Covid-19 et la crise climatique, une telle approche semble évidemment opportune. La crise Covid-19 est la crise mondiale la plus profonde de l’histoire moderne, avec une chute sans précédent du PIB mondial et une augmentation massive du chômage. Comme l’a également souligné le récent Conseil de l’OCDE au niveau ministériel 2020, les investissements dans les infrastructures et leur mise en œuvre constituent une part importante de la reprise économique, environnementale et sociale. Cependant, les difficultés de financement des investissements pour étendre les services publics, ou pour construire de nouvelles infrastructures ou reconstruire les infrastructures existantes ne constituent pas un nouveau défi pour les gouvernements nationaux et régionaux. En este sentido, la pandemia actual pone de manifiesto los efectos negativos de las medidas de austeridad adoptadas tras la crisis financiera y económica de 2008 y la urgencia de reforzar las infraestructuras y los servicios públicos, incluidos los sanitarios. Desgraciadamente, los nuevos instrumentos de la OCDE hacen demasiado hincapié en los partenariados público-privados (PPP) y en la transformación de las infraestructuras en una categoría de activos para los inversores, como solución rápida al déficit de financiación. Le développement des infrastructures en tant que classe d’actifs (c’est-à-dire la «titrisation» des infrastructures pour attirer les financiers et les gestionnaires d’actifs) plutôt qu’en tant que bien public (marchés publics, servicios públicos) es, sin embargo, contraproducente y puede incluso exacerbar las desigualdades, disminuir el acceso equitativo a los servicios esenciales y comprometer la realización de los derechos del hombre. Les services publics de qualité, y compris les infrastructures, sont les fondements d’une société équitable et d’une économie forte. C’est grâce aux biens publics que nos sociétés et nos économies deviennent plus équitables, résistent aux ralentissements et aux catastrophes et protègent les personnes vulnérables. Por muy bienvenidos que puedan ser los nuevos instrumentos, el TUAC considera que es urgente plantear a la OCDE y a los gobiernos de los Estados miembros que las infraestructuras públicas son una cuestión de interés público y no una «categoría de activos» para los inversores.
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