Divisiones digitales

¿Qué son las brechas digitales?

Las brechas digitales hacen referencia al acceso desigual (o a la falta de acceso) a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) entre países, regiones o determinados sectores de la sociedad como las personas con ingresos bajos, las poblaciones rurales, las mujeres, los jóvenes o los inmigrantes.
La brecha digital global se refiere a la brecha tecnológica entre los países desarrollados y los países en desarrollo.
Es el resultado de una serie de factores socioeconómicos, entre los que destacan los bajos ingresos, la falta de nivel educativo, los elevados precios de los datos y la insuficiencia de infraestructuras (en particular de cobertura de banda ancha).

El informe del Banco Mundial sobre Datos para el Desarrollo en relación con los esfuerzos de creación de capacidad de datos en los países en desarrollo muestra que la ayuda financiera se ha concentrado más bien en 26 países que han recibido un apoyo financiero de más de 2 millones de dólares dedicados íntegramente al desarrollo de sistemas y tecnologías de datos (Banco Mundial, 2017).
Cuando se trata de la adopción en los países industrializados, la preocupación por la privacidad es otro factor que contribuye, como se destaca en el informe Perspectivas de la Economía Digital 2017 de la OCDE: «En 2015, alrededor del 3% de los individuos en el área de la OCDE dijeron que habían experimentado una violación de la privacidad en línea en los últimos 3 meses.» (OCDE, 2017) Por lo tanto, es importante fomentar la seguridad de los datos y la privacidad para fomentar el uso de Internet.

Incorporación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

La meta 9C de los ODS se refiere al acceso universal y asequible a Internet, especialmente en los países menos adelantados (PMA) para 2020.
Como se ha visto anteriormente, queda un largo camino por recorrer para lograr la penetración y la adopción universales de las TIC.
Las políticas deben tener como objetivo ofrecer incentivos económicos para cerrar la brecha de la brecha digital (incluyendo cláusulas sociales en la contratación pública) (Shenglin et al., 2017).

Las tecnologías digitales se extienden rápidamente, pero los beneficios han recaído en un pequeño sector de la sociedad.
Sólo un pequeño porcentaje de la población mundial tiene acceso a internet de alta velocidad, y alrededor del 50% tiene un acceso extremadamente limitado o ninguno en absoluto (Banco Mundial, 2016).
El siguiente mapa muestra la parte de la población sin acceso a las TIC y los países que la componen, señalando un fuerte vínculo entre el acceso a internet y los ingresos, así como las desigualdades de riqueza.
De la población mundial de 7.400 millones de personas, 4.200 millones no tienen acceso a internet y no han sido testigos de la revolución digital.
Esta población se concentra principalmente en países en desarrollo y emergentes como India, China y Nigeria (80%, 55% y 61% de su población respectivamente), pero también está presente en países desarrollados como en Estados Unidos, 51 millones de personas (13% de la población) no tienen acceso a internet o en algunos casos podrían tener acceso pero no lo utilizan.
Las cifras difieren según los distintos grupos sociales: por ejemplo, el 41% de las personas mayores (por encima de los 65 años) en EE.UU. no utilizan internet.
Del mismo modo, las personas que viven en regiones rurales tienen el doble de probabilidades de no utilizar internet que las que viven en entornos urbanos y suburbanos (Anderson y Perrin, 2016).
Esto demuestra lo sesgada y estratificada que es la distribución de los beneficios de las TIC en todo el mundo.

La cuestión de la ciberseguridad también está adquiriendo cada vez más importancia como problema de la brecha digital.
Cuando los países, las empresas u otras entidades no proporcionan suficiente seguridad, ya sea debido a una mala gestión o, en particular en los países más pobres, debido a la insuficiencia de recursos, su potencial para desempeñar un papel pleno en la actividad económica mediada digitalmente se ve comprometido.

También hay que tener en cuenta el potencial de «fuga de cerebros digitales».
Existe un riesgo cada vez mayor de que los empresarios «cacen furtivamente» a personas de los países más pobres, con cualificaciones terciarias en TIC en particular, en lugar de invertir ellos mismos lo suficiente en educación y formación.
En efecto, esto significaría que los sistemas educativos de los países más pobres subvencionarían las necesidades de cualificación de las empresas multinacionales, y también inhibiría el desarrollo de la actividad económica mediada digitalmente en los países más pobres.

Disparidad regional en el acceso dentro de los países

La desigualdad en el acceso no sólo se debe a la variación en la renta y el nivel de desarrollo de los países, la penetración de Internet también varía dentro de cada país.
Como puede verse en el gráfico siguiente, la población rural tiene una tasa de penetración mucho menor en la UE, especialmente en el caso de países como Bulgaria (la penetración total de la banda ancha es de ~60%, pero es del 40% en las zonas rurales) y Portugal (la penetración total de la banda ancha es de ~70%, pero es del 50% en las zonas rurales) (Comisión Europea, 2017).

Soluciones políticas

Las medidas políticas necesarias a este respecto se clasifican en tres áreas: La inversión pública para colmar las lagunas infraestructurales, el desarrollo de competencias y la alfabetización digital.

1. Inversión pública para colmar las lagunas infraestructurales

Abordar las brechas digitales consiste en cerrar las brechas infraestructurales para mejorar el acceso.
El marco propuesto por el Banco Mundial consiste en categorizar el suministro como primera milla (por donde entra internet en un país), milla intermedia (por donde atraviesa el país) y última milla (para que llegue al usuario final).
En la mayoría de los países de la OCDE, la infraestructura de la última milla ha partido de las infraestructuras basadas en la telefonía y la televisión por cable de los años sesenta para dar servicio a las redes móviles y de Internet.
Sin embargo, los países en desarrollo que no contaban con una infraestructura nacional para las telecomunicaciones en los años sesenta tienen que saltar toda la etapa de desarrollo de la red y realizar mayores inversiones (Banco Mundial, 2017).
Aunque algunas instituciones las defienden, las asociaciones público-privadas no pueden cumplir los objetivos de sostenibilidad a largo plazo a menos que se sometan a unas sólidas directrices de rendición de cuentas y transparencia, a compromisos de financiación a largo plazo o a una contratación pública con cláusulas sociales.
Debido a cuestiones de seguridad, las redes deberían estar siempre bajo control público parcial.
Aun así, es necesaria la participación tanto privada como pública.
Sin embargo, en el caso de la conectividad de última milla a zonas remotas, los inversores privados pueden invertir poco debido a los altos costes y los bajos rendimientos.
Lo que se necesita es

• Inversiones públicas adecuadas en redes de fibra y banda ancha de alta velocidad, así como en infraestructuras básicas, y garantizar que los inversores privados sigan unas normas de responsabilidad estándar.
• Una ampliación de las transferencias de tecnología libre a los países en desarrollo para permitir la creación de contenido local.

2. Apuntar a la asequibilidad mediante la bajada de los precios

Con respecto a la asequibilidad, el precio de la conectividad a Internet puede reducirse mediante subsidios gubernamentales basados en los niveles de ingresos, pero también mediante controles de precios en el mercado (Shenglin et al., 2017).
La bajada de los precios es la vía principal para lograr la adopción masiva de las TIC por parte del mercado.
La diferencia entre las TIC como bien de primera necesidad y las TIC como bien de lujo es aproximadamente de unos 10 dólares por persona al mes, es decir, un gasto en TIC de 120 dólares al año se considera de primera necesidad (Hilbert, 2010).
Dado que más del 40% de la población mundial vive con menos de 2 dólares al día, y alrededor del 20% vive con menos de 1 dólar al día, estos segmentos de renta tendrían que gastar un tercio de sus ingresos en TIC (120/365 = 33%).
Este es un precio muy alto a pagar por Internet y actúa como barrera para una adopción generalizada.
Aunque se ha producido un descenso global de los precios de la banda ancha fija y la telefonía móvil celular, la política debe centrarse en aumentar la adopción en las zonas rurales y entre los segmentos de renta más baja de la sociedad.

3. Desarrollo de conjuntos de competencias y alfabetización digital

Las competencias digitales se están convirtiendo cada vez más en una competencia complementaria a las competencias básicas de lectura y escritura (Banco Mundial, 2016).
La falta de alfabetización digital y de concienciación sobre la utilidad potencial de las tecnologías digitales es una de las principales causas de la menor penetración en algunas regiones.
Los gobiernos, al abordar estas carencias de competencias, deben adoptar una visión holística de los resultados educativos y de los sistemas de aprendizaje permanente que integren la noción de alfabetización digital (y STEM) al tiempo que siguen fomentando las habilidades y competencias básicas mediante:

• Proporcionar conectividad a Internet a todas las escuelas públicas e invertir en formación en TIC y apoyo a los profesores.
• Dar una garantía de formación (un derecho a la formación) a todos los trabajadores y proporcionar una formación continua en el puesto de trabajo para mejorar el uso de las competencias, reforzar los sistemas de EFP y ampliar la cobertura a los empleos atípicos.
• Anticipar las futuras necesidades de competencias y actualizar los planes de estudios de los sistemas de educación y formación para todos los grupos de edad en consulta con los profesores y los interlocutores sociales (es decir, en los Consejos de Competencias).
  Proporcionar formación en el puesto de trabajo diseñada conjuntamente con los representantes de los trabajadores para reflejar las necesidades de la mano de obra.
• Garantizar que los «cursos en línea masivos y abiertos» utilizados para ofrecer apoyo al aprendizaje digital de los trabajadores sean asequibles, estén acreditados, cuenten con licencia y se supervisen los procesos de garantía de calidad.
• Fomentar las competencias transversales, incluidos los conocimientos fundamentales (competencias básicas en aritmética y alfabetización), la alfabetización digital y las competencias cognitivas y sociales.
• Promover la matriculación en programas de FP y educación superior relacionados con las STEM y las TIC, incluida la codificación, especialmente para las mujeres, y combinar la alfabetización digital con la noción de seguridad digital y alfabetización informacional.
• Permitir un permiso educativo a tiempo completo o parcial adecuadamente remunerado (y, en caso necesario, subvencionado) y el derecho a reincorporarse a/ su puesto de trabajo a tiempo completo.