Reaction to the OECD Economic Survey of Spain 2021 / Comentarios al Estudio Económico de España 2021 de la OCDE

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Key findings

On 27 May 2021, the OECD published the Economic Survey of Spain, which is a country-specific economic assessment conducted every two years, evaluating the state of the economy and recommending most urgent structural reforms for boosting growth. Therein, the OECD also suggests and assesses labour market policies and reforms.
The pandemic caused an unprecedented economic recession, marking an economic contraction in 2020 close to 11% of the Spanish GDP. The government intervened early in the crisis with support measures up to 20% of GDP, including short-time work schemes, temporary dismissal bans and loan guarantees to private companies. These measures were agreed through social dialogue.
Amid prolonged uncertainty, the OECD recommends maintaining fiscal support as long as required to navigate the crisis and making it more targeted, albeit it warns with respect to the high level of public debt (117% of GDP) and the need to plan carefully expenditure consolidation as soon as conditions allow.
On the labour market, unemployment reached 15.5% in 2020 from 14.1% in 2019, and is expected to fall gradually starting in 2022 only. Young, low-skilled, and temporary workers are the most affected. The OECD suggests tackling labour market duality issues, circumstantiating the use of temporary contracts (trainings/seasonal jobs) and providing incentives to hire vulnerable workers. Other measures include active labour market policies and training opportunities to relocate redundant workers.
These policy prescriptions are very limited and do not discuss the need to review past structural reforms, including those that have weakened collective bargaining and employment protection, with detrimental effects on the wage bill, which in turn hampered domestic demand and increased income inequality.
On collective bargaining, the OECD supports prioritising firm-level agreements over regional/sectoral agreements, for their increased wage adaptability. This does not take into account that sector agreements can very much adapt to economic realities and that they are best placed to set wage floors that can afterwards be adjusted at firm level, particularly taking into account the high level of SMEs and micro-companies in Spain.
In highlighting increased inequality and in-work poverty, the Survey does not take into consideration recent OECD findings that point to the positive role of coordinated collective bargaining in increasing employment and job quality, while reducing unemployment and income inequality, including wage dispersion.
The Survey highlights the correlation between non-standard forms of work (i.e. temporary contracts, part-time workers and self-employed) and higher in-work poverty compared to permanent workers. One out of four self-employed workers in Spain are such out of necessity, which is a higher share than the OECD average. The share of temporary contracts, at 27% of all employment contracts, is twice the OECD average and particularly frequent among young and low-skilled workers, as well as in sectors highly impacted by the crisis (tourism and hospitality), with very few chances of upgrading to a permanent contract. Yet, the OECD seems to suggest that temporary contracts are key to build the recovery in Spain. Rather than re-launching the Spanish economy, this position highlights a lack of vision for a recovery built on other than precarious jobs and the exploitation of workers.
As far as a minimum wage is concerned, the Survey highlights that the Spanish government increased it in 2019 by 22%, and again by 5.6% in 2020. The OECD is concerned that too sudden rises in the level of the minimum wage might negatively affect employment, particularly for young and low-skilled workers. This does not necessarily take into account the positive impact of increased wages on aggregate demand.

Principales hallazgos

El 27 de mayo de 2021, la OCDE publicó el Estudio Económico de España, una evaluación económica específica de cada país que se realiza cada dos años, en el que analiza el estado de la economía y recomienda las reformas estructurales más urgentes para impulsar el crecimiento. En este estudio, la OCDE también sugiere y evalúa las políticas y reformas de mercado.
La pandemia provocó una recesión económica sin precedentes, marcando una contracción económica en 2020 cercana al 11% del PIB español. El Gobierno intervino a principios de la crisis con medidas de apoyo de hasta el 20% del PIB, en particular planes de reducción de jornada, prohibiciones de despido temporal y avales de préstamos a empresas privadas. Estas medidas se acordaron a través del diálogo social.
En medio de una prolongada incertidumbre, la OCDE recomienda mantener el apoyo fiscal el tiempo necesario para atravesar la crisis y focalizarlo más, aunque advierte respecto al alto nivel de deuda pública (117% del PIB) y la necesidad de planificar cuidadosamente la consolidación del gasto tan pronto como las condiciones lo permitan.
En el mercado laboral, el desempleo alcanzó el 15,5% en 2020 en relación con el 14,1% en 2019, y se espera que disminuya gradualmente solo a partir de 2022. Los trabajadores jóvenes, poco cualificados y con empleos temporales son los más afectados. La OCDE sugiere abordar el problema de la dualidad del mercado de trabajo, circunstanciar el uso de contratos temporales (empleos estacionales y de formación) y proporcionar incentivos para contratar a trabajadores vulnerables. Otras medidas incluyen políticas activas del mercado de trabajo y oportunidades de formación para la reubicación de trabajadores despedidos.
Estas recomendaciones en materia de política son muy limitadas y no mencionan la necesidad de revisar las reformas estructurales anteriores, en particular las que han debilitado la negociación colectiva y la protección del empleo, con efectos perjudiciales sobre la masa salarial, lo que a su vez obstaculizó la demanda interna y aumentó la desigualdad de ingresos.
En cuanto a la negociación colectiva, la OCDE apoya la priorización de los acuerdos a nivel de empresa sobre los acuerdos regionales/sectoriales, debido a su mayor adaptabilidad salarial. Este apoyo no tiene en cuenta que los acuerdos sectoriales pueden adaptarse en gran medida a las realidades económicas y que son los que mejor están en condiciones de fijar unos salarios que luego pueden ajustarse a nivel de empresa, sobre todo teniendo en cuenta la elevada prevalencia de pequeñas y medianas empresas y de microempresas en España.
Al poner de relieve el aumento de la desigualdad y la pobreza laboral, el Estudio no tiene en cuenta las recientes conclusiones de la OCDE que señalan el papel positivo que ejerce la negociación colectiva coordinada sobre el aumento del empleo y la calidad del empleo, al tiempo que se reduce el desempleo y la desigualdad de ingresos, particularmente la dispersión salarial.
El Estudio destaca la correlación entre las formas de trabajo atípico (es decir, los contratos temporales, los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores por cuenta propia) y la mayor pobreza de las personas con empleo en comparación con los trabajadores permanentes. Uno de cada cuatro trabajadores por cuenta propia en España lo es por necesidad, una proporción mayor que el promedio de la OCDE. El porcentaje de contratos temporales, que asciende al 27% del total de contratos de trabajo, es el doble del promedio de la OCDE y es particularmente frecuente entre los trabajadores jóvenes y poco cualificados, así como en los sectores altamente afectados por la crisis (turismo y hostelería), con muy pocas posibilidades de acceder a un contrato permanente. Sin embargo, la OCDE parece sugerir que los contratos temporales son clave para construir la recuperación en España. Más que relanzar la economía española, esta posición pone de manifiesto la falta de visión para una recuperación basada en empleos que no sean los precarios y la explotación de los trabajadores.
En cuanto al salario mínimo, el Estudio destaca que el Gobierno español lo aumentó un 22% en 2019 y de nuevo un 5,6% en 2020. A la OCDE le preocupa que los aumentos demasiado repentinos en el nivel del salario mínimo puedan afectar negativamente al empleo, en particular para los trabajadores jóvenes y poco cualificados. Esta observación no tiene necesariamente en cuenta el impacto positivo del aumento de los salarios en la demanda acumulada.

Reaction to the OECD Economic Survey of Spain 2021 / Comentarios al Estudio Económico de España 2021 de la OCDE

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Key findings

Principales hallazgos

Policy Issues