En un escenario de incertidumbre prolongada, la OCDE pide con razón que se mantenga el apoyo a la economía y se evite un endurecimiento presupuestario prematuro.
La previsión económica de la OCDE
El último Informe Provisional de Perspectivas Económicas de la OCDE, publicado el 16 de septiembre, adelanta la recuperación parcial, reduciendo el impacto negativo previsto de la recesión de la COVID-19 en 2020 al -4,5% del PIB, desde el -7,6% que figuraba en la edición de junio de Perspectivas Económicas, al tiempo que mantiene las expectativas de crecimiento para 2021 en el 5% del PIB. China, en particular, es el único país con un crecimiento positivo en 2020, del 1,8% del PIB, mientras que Estados Unidos y Europa muestran un impacto más leve de lo previsto de la recesión coronaria, lo que atenúa los daños a la economía mundial. En cambio, India, México y Sudáfrica experimentarán una recesión aún mayor de lo previsto hace tres meses.
Escenario menos pesimista, pero muy incierto
La OCDE sigue siendo muy prudente en sus previsiones, alegando que la incertidumbre es dominante y que los resultados económicos siguen dependiendo en gran medida del comportamiento de la pandemia COVID-19: si golpeará con fuerza en los próximos meses, realizando un escenario de doble impacto con nuevos bloqueos de la actividad económica, o si se contendrá y controlará, el escenario básico de impacto único sobre el que se ha actualizado la previsión.
El llamamiento correcto para mantener el apoyo fiscal
La OCDE aboga acertadamente por un «apoyo fiscal sostenido […] hasta bien entrado 2021», evitando cualquier «endurecimiento presupuestario prematuro en un momento en que las economías siguen siendo frágiles». Sin embargo, si se compara con los primeros meses de la crisis de COVID-19, cuando se toleraba un apoyo fiscal amplio y sin objetivos, la OCDE pide ahora ajustes en los programas de emergencia, incluyendo explícitamente planes de mantenimiento del empleo y medidas de apoyo a los ingresos, «para limitar los costes duraderos de la crisis y fomentar la necesaria reasignación de recursos hacia sectores en expansión». En particular, «los gobiernos tienen que reevaluar y adaptar el diseño y el equilibrio de las medidas de apoyo, asegurándose de que estén bien orientadas, sean objeto de un estrecho seguimiento y se reduzcan gradualmente a medida que avance la recuperación para facilitar la necesaria reasignación de mano de obra y capital hacia sectores con mejores perspectivas a largo plazo». Es cierto, en efecto, que la recesión actual está teniendo un impacto duradero en la economía mundial, sometiendo a tensiones considerables a sectores específicos y acelerando procesos históricos que ya estaban en marcha antes de la llegada de la pandemia COVID-19. La organización del trabajo está cambiando, con una dependencia cada vez mayor de las nuevas tecnologías digitales, la desmaterialización de los productos y el trabajo inteligente; las estrategias corporativas están en tela de juicio, ya que han salido a la luz los riesgos asociados a la excesiva deslocalización y a la fragmentación de las cadenas de valor mundiales; las preferencias de los consumidores están cambiando, mientras que el papel del sector público en la economía está adquiriendo rápidamente una relevancia renovada.
Mejor orientación: ¿a quién y cuándo?
Sin embargo, el informe provisional no da indicaciones sobre cómo debe realizarse la selección entre sectores viables e inviables en la fase actual. Por ejemplo, hasta marzo de 2020, la OCDE calificaba el turismo de «importante motor del crecimiento económico» y de «pieza clave de una economía de servicios en crecimiento». Sin embargo, en agosto de 2020 el número de vuelos comerciales a nivel mundial seguía siendo un 40% menor que antes de la COVID-19. En ausencia de una vacuna, es razonable esperar que la recuperación del sector turístico sea mucho más lenta y dolorosa que la de otros sectores. ¿Deberían los gobiernos desconectar las ayudas a las empresas y trabajadores del sector turístico para facilitar su reasignación a otros sectores? Cuando sólo han transcurrido seis meses de la recesión COVID-19, elegir ganadores y perdedores en términos de actividad económica sería como tirar de los cables de un cuadro eléctrico, sin saber cuál de ellos provocará la muerte del circuito. En primer lugar, fue el oportuno apoyo público sin precedentes a los ingresos de los hogares lo que amortiguó el golpe de la recesión. Este apoyo llegó en forma de planes de trabajo a corto plazo y de prestaciones de desempleo reforzadas que apuntalaron una reactivación moderada del consumo y de la actividad económica en los países de la OCDE. No está claro, sin embargo, si este apoyo persistirá lo suficiente como para salvar el tiempo entre ahora y el momento en que entren en vigor los planes de recuperación estructural a largo plazo, creando nuevas oportunidades de empleo para los trabajadores despedidos. Según el Informe provisional de la OCDE, la persistente incertidumbre frenará las inversiones durante un periodo prolongado. Según el Monitor de la OIT, a finales de 2020 las horas de trabajo perdidas debido a la COVID-19 alcanzarán el equivalente a 400 millones de empleos a tiempo completo, lo que hace que la idea de una transición suave de los empleos inviables a los viables sea más un ejercicio intelectual que un objetivo político razonable. Eliminar el apoyo actual a los trabajadores más vulnerables no sería un incentivo eficaz para su reasignación, sino que desencadenaría una caída más brusca del consumo que podría deshacer lo que se preservó en los meses previos de la crisis. En este sentido, mejor que desvanecer el apoyo a las empresas privadas y a los trabajadores sobre la base de una pura señalización del mercado, las medidas de apoyo actuales podrían ser una herramienta adecuada para influir en las políticas de las empresas, no sólo en términos de niveles de empleo sino también de inversión en tecnologías nuevas y ecológicas, apoyando la transición estructural necesaria para reconstruir mejor. El último informe provisional de la OCDE aboga por un apoyo fiscal prolongado y advierte contra una consolidación prematura que desestabilizaría el crecimiento. Pide, por otra parte, una reasignación progresiva de los recursos y una mejor orientación de los mismos. A falta de un debate concreto sobre qué hace ganadores y perdedores en el actual contexto de fragilidad sistémica e incertidumbre, ese llamamiento a reorientar el apoyo podría llevar a retirar prematuramente el estímulo fiscal de sectores específicos de la economía. Aunque poner la proverbial zanahoria delante de las empresas privadas puede ser una buena idea para acelerar la inversión sostenible y lograr la justicia económica y social, suspender el apoyo a los trabajadores y a las empresas en el momento actual significaría golpearles con un pesado palo precisamente cuando sus cabezas están más expuestas.