El movimiento sindical lleva mucho tiempo expresando su preocupación por el desequilibrio de la globalización, que favorece la liberalización del comercio y del capital sin tener en cuenta aspectos económicos y sociales más amplios que el mero crecimiento del PIB.
La crisis de COVID-19 volvió a poner bajo la lupa política el papel y el impacto del comercio y la inversión. La razón es doble: en primer lugar, las interrupciones de la cadena de suministro pusieron de manifiesto la fragilidad, más que la eficacia, de un sistema mundial altamente interconectado, en el que los cierres parciales de la producción y la concentración de proveedores en segmentos y regiones específicos produjeron graves fallos en el suministro mundial. A día de hoy, los atascos en el transporte marítimo mundial siguen planteando riesgos considerables para las industrias mundiales que dependen de componentes acabados y semiacabados procedentes de China. En segundo lugar, el enorme peaje social pagado por los trabajadores de todo el mundo, en términos de puestos de trabajo perdidos y empleo precario, puso en primer plano la precariedad laboral y la mala calidad del empleo tanto en los países de la OCDE como en los que no pertenecen a la OCDE, donde la política comercial desempeña un papel importante en la configuración de la naturaleza y la ubicación de los puestos de trabajo en todo el mundo. Ya antes de que estallara la crisis de COVID-19, era perceptible una tendencia emergente de desconfianza internacional en el multilateralismo y los mercados abiertos, con nuevas fricciones entre los principales actores mundiales. Aunque tales posturas estaban dictadas por posibles ganancias políticas a corto plazo, es palpable un malestar subyacente. Entre las razones, hay que reconocer el papel de la redistribución desigual de la globalización. La liberalización del comercio y de las inversiones ha producido en muchos casos lo contrario de la promesa de un mayor crecimiento y de empleos más seguros: la concentración del poder de mercado, la dependencia de los proveedores y los cuellos de botella, pero también la reasignación brusca de la capacidad de producción, la concentración geográfica de las ganancias y las pérdidas, la competencia feroz en los costes laborales han sometido a los trabajadores de todos los países de la OCDE a una presión cada vez mayor. La respuesta a esto no puede reducirse simplemente a reducir más las barreras al comercio, a la inversión, afirmando que las fuerzas del mercado y la competencia por sí solas distribuirán el bienestar de la forma más eficiente. La cuestión fundamental es cómo los acuerdos comerciales y de inversión pueden mitigar los riesgos y mejorar las oportunidades del libre comercio para la población, tanto desde la perspectiva de los consumidores como de los trabajadores. Desde el inicio de la crisis, la OCDE ha estado rediscutiendo abiertamente su marco de política comercial y de inversión. Para contribuir a informar sobre ese proceso en el marco de la OCDE, el TUAC elaboró una nota en la que se exponen las principales cuestiones sindicales en torno a las políticas de comercio e inversión sostenibles e inclusivas. Este tema estará en el centro de la Reunión Virtual ad hoc del TUAC sobre Política de Comercio e Inversión – «Hacia la Coherencia Global y la Resiliencia Doméstica» – el 29 de septiembre de 2021. Más información y el enlace de inscripción en la página del evento.