El TUAC expresó su preocupación por la atención prestada a la reducción de la carga reglamentaria en la mesa redonda «Simplificar para tener éxito» del Comité de Política Reglamentaria el 10 de abril, tras el lanzamiento de las Perspectivas de la Política Reglamentaria de la OCDE para 2025 el 9 de abril.
La mesa redonda se produce en medio de una nueva oleada de iniciativas de desregulación promovidas por muchos gobiernos, a menudo bajo el pretexto de la «simplificación» o la «reducción de la burocracia». El TUAC advirtió que estos esfuerzos corren el riesgo de socavar las protecciones sociales, medioambientales y laborales esenciales.
La regulación cumple una función esencial en nuestras sociedades. Enmarcarla simplemente como una "carga" crea una percepción negativa que socava su papel crucial en la consecución de importantes objetivos sociales.
El TUAC expresó su preocupación por la metodología empleada para calcular las cargas reglamentarias, ya que las evaluaciones de impacto a menudo se centran exclusivamente en los costes para las empresas y pasan por alto beneficios sociales más amplios. Se criticaron especialmente los objetivos arbitrarios, como las políticas de «uno dentro, uno fuera», y los sindicatos argumentaron que la regulación no es un juego de suma cero, y que no se debe impedir a los gobiernos que introduzcan la legislación necesaria simplemente porque no puedan identificar otra cosa que eliminar.
Durante los debates, los participantes sindicales destacaron cómo las evaluaciones de la UE estiman que proteger a los trabajadores del amianto cuesta a las empresas 33 millones de euros al año, sin tener en cuenta los importantes beneficios para la salud pública.
¿Qué hay del coste para la sociedad de no tener normas que protejan a los trabajadores contra el amianto? Según cifras del Parlamento Europeo, el amianto fue responsable del mayor número de muertes debidas a carcinógenos laborales en 2016. Una reducción del 1% en la incidencia del cáncer equivale a un ahorro de 400 millones de euros.
Los sindicatos hicieron hincapié en que las metodologías de simplificación normativa deben reconocer la naturaleza política de estas decisiones y garantizar una consulta sólida con todos los grupos afectados, no sólo con los intereses empresariales.
A medida que la OCDE desarrolle esta iniciativa, TUAC seguirá abogando por un enfoque de política normativa que beneficie a los trabajadores, los ciudadanos y el medio ambiente, con procesos de consulta exhaustivos y un reconocimiento adecuado de los beneficios sociales y medioambientales de las normativas.
Crédito de la foto: IndustriALL / Qamrul Anam
