Los sindicatos llevan mucho tiempo reclamando una política industrial activa para crear empleos de calidad y un crecimiento sostenible. Con la política industrial en el centro de la Reunión del Consejo Ministerial (MCM) de la OCDE de este año, TUAC está presionando para garantizar que redunde en beneficio de los trabajadores.
La consulta anual previa a la Conferencia Ministerial celebrada en Helsinki el 12 de marzo, previa a la reunión ministerial de junio bajo el lema «Políticas industriales correctas para mercados abiertos, crecimiento y prosperidad», reunió a altos representantes sindicales de todas las economías de la OCDE, incluidos Estonia, Corea, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia, y a los presidentes de las tres confederaciones del país anfitrión, Finlandia. . La delegación defendió que el diálogo social debe situarse en el centro de la política industrial. Con la Encuesta de Confianza de la OCDE mostrando que el 44% de los ciudadanos declaran tener poca o ninguna confianza en su gobierno nacional, el caso es urgente: y como han reconocido los ministros de la OCDE, el diálogo social es una herramienta clave para reconstruir la confianza y reforzar la resistencia democrática.
El TUAC cuestionó la suposición de que la desregulación generará crecimiento, señalando que los gobiernos la han perseguido durante varias décadas con escasos resultados.
La política industrial debe ser una oportunidad para invertir en empleos de calidad, elevar el nivel de vida y construir economías resistentes y sostenibles. La desregulación ha trasladado los riesgos y los costes a los trabajadores: necesitamos un enfoque totalmente distinto basado en el diálogo social y la negociación colectiva.
Los sindicatos argumentaron que para lograrlo se requiere un enfoque diferente en el diseño de las políticas, uno en el que la inversión pública y las estrategias industriales estén vinculadas a las condiciones laborales, incluyendo la seguridad laboral, el empleo de calidad y el respeto a la negociación colectiva. Sin situar el empleo y la calidad del trabajo en primer plano, la política industrial no garantizará que los beneficios económicos se repartan equitativamente entre empresas y trabajadores, como han demostrado los ejemplos históricos.
El TUAC subrayó que el diseño de políticas por sí solo no es suficiente si los gobiernos no invierten en los trabajadores. Los países miembros de la OCDE gastaron sólo el 0,1% del PIB en formación en 2023, mientras que la financiación de las políticas activas del mercado laboral cayó al 0,41% del PIB, el nivel más bajo desde 2004. El TUAC pidió un cambio radical en la recualificación y el perfeccionamiento profesional, con un acceso equitativo para los trabajadores con empleos mal remunerados, precarios y atípicos.
La transición ecológica agudiza aún más estas presiones, ya que los trabajadores desplazados de las industrias de altas emisiones se enfrentan a pérdidas de ingresos de hasta el 40% en seis años, y los nuevos empleos en sectores de bajas emisiones ofrecen a menudo salarios más bajos y protecciones más débiles. El TUAC instó a los gobiernos a establecer mecanismos tripartitos de transición justa y a reforzar la negociación colectiva para garantizar que los trabajadores no se queden atrás a medida que las industrias se transforman.
Los sindicatos también destacaron que los marcos normativos deben seguir el ritmo de las fuerzas que están remodelando el trabajo, presionando para que se establezcan normas ejecutables que regulen la IA en el lugar de trabajo y que exijan a los empleadores consultar y negociar con los trabajadores la implantación de la IA. Con motivo del 50 aniversario de las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, los sindicatos abogan por unos Puntos Nacionales de Contacto mejor dotados y por una diligencia debida vinculante en todas las cadenas de suministro mundiales.
Mientras los ministros de la OCDE se preparan para dar forma a la política industrial en junio, el TUAC subraya que la plena participación de los interlocutores sociales en los procesos ministeriales de la OCDE sigue siendo una piedra angular de la elaboración de políticas eficaces, y esencial para reconstruir la confianza pública que la propia OCDE ha identificado como amenazada.
