El informe de la OCDE sobre «Respuestas políticas a las nuevas formas de trabajo» ofrece una instantánea de las medidas políticas adoptadas por 44 países de la OCDE, la Unión Europea y el G20 para abordar la aparición de formas de empleo y contratos de trabajo que se apartan de la relación laboral estándar a tiempo completo y por tiempo indefinido. Uno de los mensajes clave de la OCDE es que la política debe actuar para evitar un uso excesivo o inadecuado de esas formas de trabajo atípicas.
Los responsables políticos tienen que asegurarse de que la flexibilidad que ofrecen las prácticas laborales atípicas se equilibra con la protección de los trabajadores.
Este equilibrio, afirma la OCDE, es necesario para evitar un posible impacto negativo en la calidad del empleo, la igualdad, la productividad y el crecimiento, la sostenibilidad de los sistemas de protección social, pero también para garantizar una competencia leal entre las empresas. Además, al describir las orientaciones políticas, las medidas para mejorar la protección de los trabajadores también incluyen un refuerzo de la legislación laboral y de la regulación del mercado de trabajo, además de garantizar una protección social adecuada a un mayor número de trabajadores.
En concreto, la OCDE destaca la importancia de: (i) Abordar la clasificación errónea de los trabajadores, ya que el estatus laboral actúa como puerta de entrada a diversos derechos y protección de los trabajadores.
Esto implica, entre otras cosas, reforzar las inspecciones de trabajo y facilitar a los trabajadores la impugnación de su estatus laboral. (ii) Ampliar los derechos y las protecciones a los trabajadores vulnerables en la zona gris entre el empleo dependiente y el empleo autónomo, teniendo cuidado de no crear oportunidades para que los empleadores rebajen contratos que de otro modo serían relaciones laborales estándar. (iii) Mayores esfuerzos para impedir que los empresarios abusen de los acuerdos de trabajo de duración determinada, ocasional y en plataforma como vehículo para recortar costes y eludir la normativa del mercado laboral. (iv) Adaptar las normativas existentes para ampliar el derecho a la negociación colectiva a los trabajadores cuya situación laboral sea ambigua, pero también a todos los auténticos autónomos que se encuentren en una situación vulnerable. (v) Apoyar a quienes desempeñan formas de trabajo no estándar para que se desarrollen profesionalmente garantizando un amplio acceso al aprendizaje de adultos.
Este enfoque es bienvenido, ya que enfrenta a los empresarios con los costes de la flexibilidad e impide que las empresas trasladen todo el riesgo a los trabajadores y a los sistemas de protección social. Por último, un informe complementario ofrece más detalles sobre otra orientación política propuesta por la OCDE, que consiste en reducir los incentivos para la clasificación errónea de los trabajadores evitando grandes diferencias en los impuestos y las cotizaciones sociales.