El principal resultado de la Reunión de Líderes del G20 en Buenos Aires (30 Nov – 1 Dic) es la propia existencia de una declaración final («Construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible»).
Considering trade tensions and disagreements on the climate agenda between G20 countries as well as failures at other meetings this year (G7 Summit & OECD Ministerial), consensus was not guaranteed.
El texto acordado recoge las principales prioridades de la presidencia argentina: Futuro del Trabajo (FoW), Infraestructuras para el Desarrollo y Futuro Alimentario Sostenible. Sin embargo, ofrece compromisos mínimos en materia de multilateralismo y parece estar fuera de contacto con la evolución económica al afirmar que existen perspectivas de «fuerte crecimiento mundial», mientras se acumulan los signos de una brusca desaceleración. Los Líderes no decidieron ninguna acción para cumplir los compromisos pasados de reducir la desigualdad de ingresos.
La Declaración del G20 incluye el compromiso de enmarcar las discusiones políticas en curso sobre el Futuro del Trabajo con los principios del diálogo social y con compromisos específicos sobre cualificaciones y redes de seguridad, en línea con la reunión ministerial sobre empleo del G20 de septiembre..
However, G20 Leaders also endorse a separate roadmap on FoW by the G20 Finance Ministers (called «Menu of policy options») that is less ambitious in scope and ignores social partners.
A two-track approach to FoW would undermine policy coherence.
A lo largo de los años, la función de coordinación de la política económica del G20 ha perdido fuerza. En su lugar, el foro se centra cada vez más en la reforma estructural a largo plazo. Aunque el crecimiento integrador sigue siendo la aspiración, el Plan de Acción adoptado en Buenos Aires se inclina hacia una agenda de competitividad empresarial, con escasa consideración por los compromisos pasados en materia de desigualdad de ingresos y participación en las rentas del trabajo. En cuanto a las infraestructuras, el enfoque del G20 sigue centrando una atención excesiva, si no exclusiva, en la financiación privada y en las Asociaciones Público Privadas (APP) imaginando las infraestructuras como una clase de activos (es decir, la «titulización» de las infraestructuras para atraer a financieros y gestores de activos) más que como un bien público (contratación pública, servicio público).
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