La Cumbre del G20 de Hamburgo se celebra tras un año de reacción de los votantes contra los gobiernos, las instituciones y el propio funcionamiento de los sistemas económicos, en particular contra un sistema mundial que ha hecho mucho más por liberalizar y desregular los mercados que por repartir equitativamente los costes y beneficios de la globalización. En la raíz de esta reacción popular se encuentra un doble fracaso político: en primer lugar, la incapacidad de lograr una recuperación satisfactoria de la crisis financiera, creando en su lugar una «trampa de bajo crecimiento»; y en segundo lugar, la incapacidad de lograr una distribución más equitativa de los beneficios de la globalización y del progreso tecnológico y económico. Mientras que una proporción significativa de los hogares de los países del G20 ha experimentado unos ingresos reales planos o a la baja durante una década o más, una pequeña élite ha visto aumentar sus ingresos y su riqueza de forma a menudo espectacular. Estos fracasos han provocado que importantes segmentos de trabajadores y sus comunidades hayan salido perdiendo y se hayan quedado solos ante una mayor inseguridad sobre su empleo y su futuro. Según la Encuesta Global de la CSI de 2017 Al 74% de la gente le preocupa el aumento de la desigualdad entre el 1% más rico y el resto de la población, al 73% le preocupa perder su empleo y el 71% cree que los trabajadores no tienen suficiente influencia sobre cómo se establecen las reglas de la economía mundial. Los líderes del G20 deben escuchar y responder a estas preocupaciones con cambios políticos. El G20 tiene que tomar medidas coordinadas para crear empleo y lograr una distribución más equitativa de la riqueza aportada por la globalización y el cambio tecnológico, a través de la negociación colectiva, la fiscalidad redistributiva, las inversiones en cualificación y las estrategias para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la transición climática. La Cumbre de Líderes del G20 tiene que hacer un llamamiento enérgico al cambio de políticas y a la intensificación de la coordinación internacional. Los Líderes tienen que reafirmar el llamamiento de su Reunión de Ministros de Trabajo (LEMM) a favor de un «conjunto integrado de políticas que sitúe a las personas y los empleos en el centro de la escena» y comprometerse a adoptar medidas en favor del trabajo decente para todos en todas las cadenas de suministro mundiales y en las economías digitalizadas y ecológicas del futuro». Sobre todo, deben respaldar el compromiso de sus ministros de garantizar «que las violaciones del trabajo digno y de los principios y derechos fundamentales en el trabajo no pueden formar parte de la competencia».
Como se indica en nuestras prioridades políticas para el G20 más abajo, pedimos a los líderes que se comprometan a:
- Un estímulo fiscal para salir de la trampa del bajo crecimiento y emprender una transición justa hacia una economía digitalizada y con bajas emisiones de carbono;
- Situar la calidad del empleo y los salarios en el centro de las acciones del G20 para hacer frente al aumento de las desigualdades;
- Cerrar la brecha salarial y de empleo entre hombres y mujeres;
- Apoyar el empleo juvenil y el desarrollo de capacidades;
- Establecer la norma de conducta empresarial responsable con el mandato de diligencia debida en materia de derechos humanos en las cadenas mundiales de suministro;
- Aumentar la transparencia fiscal;
- Garantizar una distribución justa de los beneficios del cambio tecnológico;
- Una respuesta conjunta a los grandes movimientos de refugiados y a la integración de los inmigrantes;
- Hacer realidad los compromisos sobre el cambio climático;
- Alinear las políticas del G20 con la Agenda 2030;
- Integrar el diálogo social y garantizar la coherencia política en el G20.
