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Declaración de la OCDE sobre la innovación en el sector público: una oportunidad perdida para subrayar la importancia del diálogo social en el sector público

La reunión del Consejo Ministerial de la OCDE de los días 22 y 23 de mayo de 2019 aprobó una Declaración sobre la innovación en el sector público. Aunque la Declaración ofrece objetivos y metas valiosos para la acción gubernamental y el sector público, el texto de la OCDE acordado no tiene ...

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La reunión del Consejo Ministerial de la OCDE de los días 22 y 23 de mayo de 2019 aprobó una Declaración sobre la innovación en el sector público.
Aunque la Declaración ofrece objetivos y metas valiosos para la acción gubernamental y el sector público, el texto de la OCDE acordado no tiene suficientemente en cuenta los principios del diálogo social, el papel social único del sector público y la importancia de incluir a los empleados del sector público en la innovación.
Esto es tanto más lamentable cuanto que el derecho legítimo a la negociación colectiva y el derecho de huelga de los empleados del sector público siguen estando restringidos, cuando no prohibidos, en algunos países de la OCDE.
Las administraciones gubernamentales y el sector público en general han estado sometidos a presiones desde las secuelas de la crisis financiera de 2008 – y la vuelta a las políticas de austeridad en 2011, cuando los recortes presupuestarios masivos golpearon de frente a los servicios públicos y a los trabajadores del sector público.
La transición digital y las mayores necesidades de interconexión y movilidad, cuando no las aspiraciones cambiantes de los ciudadanos, plantean retos adicionales a los gobiernos.
La Declaración no tiene en cuenta que la principal causa de que el sector público y los servicios públicos estén sometidos a una gran presión son estos recortes presupuestarios masivos y las medidas de austeridad anteriores y posteriores a 2008.
De este modo, se erosiona el derecho de las personas a un acceso justo y equitativo a unos servicios públicos de calidad y se contribuye al aumento de las desigualdades en las economías de la OCDE -basadas en los ingresos, en el género y en las regiones-.
En este contexto -desigualdades crecientes y medidas de austeridad- la Declaración debería haber defendido con más fuerza la innovación y la eficacia de los servicios públicos con el objetivo de aumentar la cobertura y garantizar un acceso justo a los servicios públicos.
La Declaración destaca la importancia de garantizar las competencias y capacidades adecuadas de los empleados del sector público.
Esto es sin duda vital cuando se habla de innovación.
Sin embargo, el texto debería haber subrayado las ventajas de los convenios colectivos y del diálogo social como marco eficaz para garantizar que los empleados puedan adquirir las habilidades y capacidades necesarias.
En efecto, el pleno potencial de la innovación del sector público debe aprovecharse mediante una estrategia global de todo el gobierno.
La Declaración habría sido más inspiradora si se hubiera configurado, precisamente, a partir de un enfoque de «toda la OCDE», basándose en recomendaciones clave sobre las capacidades, la negociación colectiva y el Futuro del Trabajo.
La Declaración no lo hace y pierde la oportunidad de aprovechar los sistemas de innovación en los ámbitos del diálogo social y la negociación colectiva.