La CSI se solidariza con los sindicatos colombianos y las fuerzas democráticas de la sociedad civil en reacción a la reciente represión violenta de las autoridades colombianas contra la oposición de masas y las manifestaciones contra una reforma fiscal prevista. Según ha informado la CSI, se han denunciado más de 1.089 casos de violencia; incluyendo 726 detenciones arbitrarias, 28 muertes, 6 mujeres violadas por los soldados del ESMAD (el Escuadrón Antidisturbios colombiano) , 234 personas heridas y 5 manifestantes desaparecidos. Para la OCDE, la deplorable situación de Colombia tiene una resonancia particular. Tras un largo, complicado y controvertido proceso de adhesión que se remonta a 2013, Colombia se convirtió oficialmente en miembro de la OCDE en abril de 2020. Ahora, un año después de su adhesión a la OCDE, Colombia está informando sobre la aplicación de los instrumentos jurídicos y las recomendaciones de la OCDE. El proceso de adhesión de Colombia estuvo marcado por serias controversias en relación con el Estado de derecho, el trabajo y los derechos humanos. Un año después de su ingreso en la OCDE, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los sindicalistas y los trabajadores, con serias preocupaciones sobre el Estado de derecho y el acceso y la eficacia del poder judicial. Al ingresar en la OCDE, Colombia se ha comprometido con los valores fundamentales de la organización. Estos incluyen una economía de mercado que funcione, pero también, y no menos importante, el Estado de derecho, la democracia con un poder judicial que funcione bien y sea independiente, y la plena observancia de los derechos humanos, incluidas las normas laborales fundamentales. De acuerdo con el ciclo de informes estipulado en el Acuerdo de Adhesión, Colombia presentará su primer informe anual de progresos al Comité de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE el 12 de mayo. En él, Colombia informará sobre acciones en cuatro aspectos:
- Informalidad laboral y subcontratación;
- Aplicación de la legislación laboral;
- Negociación colectiva;
- Crímenes contra sindicalistas.
Las autoridades colombianas publicaron su informe de progreso ya en febrero de 2021. El informe afirma que, en general, el gobierno va por buen camino para cumplir sus obligaciones. Incluyendo los esfuerzos para hacer frente a la informalidad, la aplicación de la legislación laboral y el fortalecimiento del uso de los convenios colectivos. El informe también señala «importantes avances en la lucha contra la impunidad». Desde la adhesión de Colombia en abril de 2020, las centrales sindicales colombianas y el movimiento sindical en su conjunto han realizado un seguimiento de la situación en Colombia y un seguimiento de los compromisos internacionales del Gobierno en materia laboral. En este seguimiento, las centrales sindicales no han podido confirmar el tono globalmente positivo del que informan las autoridades colombianas. Todo lo contrario. El movimiento sindical ha encontrado no sólo ejemplos de incumplimiento, sino incluso graves retrocesos, entre ellos:
- Empeoramiento de la informalidad laboral, persistencia de la subcontratación y una reforma laboral de facto que legaliza la informalidad precarizando aún más el empleo (Falso Piso de Protección Social, a través del decreto 1174 de 2020).
- Debilidad persistente en la aplicación de la legislación laboral, con reformas sobre el papel seguidas de una disminución en la práctica de las inspecciones de trabajo.
- Obstáculos continuos en la legislación y la práctica que dificultan la negociación colectiva
- Resurgimiento de la violencia antisindical, persistencia de una elevada impunidad en la criminalización de los delitos antisindicales y aumento de los asesinatos y amenazas contra sindicalistas.
El TUAC expresa su solidaridad con el movimiento sindical colombiano y continuará vigilando la aplicación del Marco de Seguimiento Post-Adhesión acordado. La situación de los derechos laborales y la seguridad de los sindicalistas deben ocupar un lugar central en el mismo. El TUAC hace un llamamiento a la OCDE y a las autoridades colombianas para que respeten plenamente el marco, tanto en el fondo como en el proceso, e involucren a los interlocutores sociales en los esfuerzos a través del diálogo social.
En los futuros procesos de adhesión, la OCDE debería dar mucha más prioridad a las cuestiones relativas al Estado de derecho efectivo y al respeto de los derechos humanos. Esto incluye la introducción de criterios sobre los derechos de los trabajadores en el proceso de evaluación previo a la adhesión, y ofrecer la oportunidad de que la información de los sindicatos, de otras organizaciones de la sociedad civil de los países candidatos y del TUAC se tenga en cuenta en una fase temprana.
