La inminente crisis energética demuestra que las empresas estatales son instrumentos indispensables para atajar la pobreza energética, avanzar hacia una transición justa y reducir la desigualdad, y los marcos de gobernanza de la OCDE deben reflejarlo, argumentó el TUAC en el Grupo de Trabajo de la OCDE sobre Empresas Estatales y Prácticas de Privatización celebrado el 1 de abril.
Las empresas públicas emplean a 33 millones de personas en todo el mundo, poseen aproximadamente 37 billones de dólares en activos y generan 18 billones de dólares en ingresos anuales. El TUAC celebra que el Grupo de Trabajo reconozca este peso económico y que admita que los cambios geopolíticos refuerzan los argumentos a favor de utilizar las empresas públicas para avanzar en los objetivos de las políticas públicas. Pero los sindicatos identifican una tensión creciente entre el enfoque del Grupo de Trabajo sobre la prevención de las distorsiones de la competencia y una realidad geopolítica que subraya cada vez más el papel estratégico de las empresas públicas para garantizar la seguridad económica y la cohesión social.
Este reconocimiento debe ir seguido de acciones concretas. Los sindicatos abogan por integrar la transición justa -en línea con las Directrices de la OIT de 2015 y el Acuerdo de París- en las políticas de propiedad estatal, y acogen con satisfacción que el Grupo de Trabajo se centre en la divulgación de la sostenibilidad, subrayando que las empresas estatales deben predicar con el ejemplo. El TUAC también hace hincapié en el papel de la condicionalidad social para garantizar que las políticas industriales contribuyan al trabajo decente y al desarrollo sostenible.
La participación de los trabajadores en la gobernanza de las empresas públicas es fundamental para la visión del TUAC. Los sindicatos apoyan firmemente la propuesta del Grupo de Trabajo de elaborar orientaciones sobre las mejores prácticas en los consejos de administración, argumentando que los consejeros trabajadores aportan una experiencia operativa insustituible y una perspectiva a largo plazo que va más allá de la lógica financiera a corto plazo. Fabrice Guyon, miembro de la FNME-CGT y consejero trabajador en EDF, subrayó lo que esto significa en la práctica en el sector energético: la dirección pública y la representación de los trabajadores son esenciales para garantizar una energía asequible, segura y baja en carbono para todos.
Los sindicatos seguirán colaborando con el Grupo de Trabajo para garantizar que los marcos de gobernanza de las empresas públicas estén a la altura de la ambición estratégica que exigen la seguridad energética, la acción por el clima y el aumento de las desigualdades.
