Una revisión por parte de la OCDE de sus Directrices sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Estatales (SOE, por sus siglas en inglés) establecidas este año para «garantizar que las SOE contribuyen a la sostenibilidad, y a la seguridad económica y la resiliencia» debería apuntar más alto en cuanto a la sostenibilidad de nuestro planeta, la seguridad económica de los trabajadores y la resiliencia de las cadenas de suministro globales advierte TUAC. La economía de mercado global depende sorprendentemente en gran medida del Estado, no sólo en servicios como la educación y las infraestructuras, sino también en la financiación y el funcionamiento de las empresas. A finales de 2022, el 11% de la capitalización bursátil mundial de las empresas que cotizan en bolsa pertenecía al sector público. La proporción de empresas estatales entre las 500 mayores empresas mundiales se ha multiplicado por tres en las dos últimas décadas. Pero a pesar de que la OCDE considera que las empresas públicas son fundamentales para la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono, y de que las directrices afirman que «las empresas públicas deben desarrollar y fomentar un compromiso significativo de las partes interesadas para avanzar en la sostenibilidad y garantizar una transición justa», parece que en las revisiones de las directrices de la OCDE se da menos importancia a la sostenibilidad social y medioambiental que a los intereses de los accionistas.
"Las empresas públicas deben ser empresas modelo y utilizar su poder de mercado para promover el diálogo social y participar en la negociación colectiva y la acción por el clima"
El TUAC sostiene que los Estados
– deben poder utilizar sus inversiones públicas en empresas para alcanzar objetivos de interés público como el salario justo y el trabajo decente, la igualdad de género y racial, la protección del clima y la salud pública.
– deben promover la aplicación de las normas de la OCDE, incluidas las relativas a la conducta empresarial responsable, y de los convenios de la OIT- a través de sus inversiones en las empresas públicas. «Aunque la revisión exige a las empresas públicas que aborden la sostenibilidad, corre el riesgo de ser una oportunidad perdida», advirtió Veronica Nilsson, Secretaria General de TUAC. «Las empresas públicas deben ser empresas modelo y tener los más altos estándares de sostenibilidad -incluida la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, los salarios y las prestaciones- y utilizar su poder de mercado para promover el diálogo social y participar en la negociación colectiva y la acción climática, independientemente de lo que hagan las empresas no estatales». «El capítulo de sostenibilidad debería tratar sobre la promoción de la sostenibilidad social y medioambiental, no centrarse en los derechos de los accionistas». «Las directrices para las empresas estatales deben establecer claramente que éstas deben aplicar las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales en materia de conducta empresarial responsable en toda su cadena de suministro».