Los días 23 y 24 de enero de 2019, el TUAC presentó sus recomendaciones a la OCDE sobre cómo gravar las actividades digitales.
Los esfuerzos hacia una mayor coordinación a nivel mundial son muy necesarios.
Las multinacionales deben tributar por sus beneficios globales basándose en normas que sean Simples, Antiarbitraje, Justas y Abarcadoras.
Esto implica eliminar parte del marco actual.
Los días 23 y 24 de enero de 2019, el Marco Inclusivo BEPS de la OCDE/G20, que reúne a más de 115 jurisdicciones, se reunió para debatir y colaborar en las medidas de la OCDE contra la elusión fiscal. El tema de dicha reunión fue la fiscalidad de las actividades digitales.
Tras más de dos años de negociaciones, la OCDE presentó en 2015 un Plan de Acción de 15 puntos para abordar las prácticas fiscales de «erosión de la base imponible y traslado de beneficios» de las empresas multinacionales. Sin embargo, los retos fiscales derivados específicamente de la digitalización se dejaron para un debate posterior con el objetivo de ofrecer una solución marco acordada para 2020. A falta de coordinación internacional, una serie de países están anunciando que han tomado o tienen intención de tomar el asunto en sus propias manos (Francia, Reino Unido, Austria, España, India…).
En su reunión, el Marco Inclusivo debatió varias opciones, que iban desde conceder a los países derechos de imposición siempre que las actividades digitales generen valor en su territorio (e independientemente de dónde esté establecida físicamente la empresa) hasta establecer un tipo mínimo para el impuesto de sociedades, facultando a los países a «devolver impuestos» si existen pruebas de que otro país que acoge parte de la multinacional está gravando por debajo del umbral acordado. Presumiblemente, una de las opciones debía ser mantener el statu quo y seguir tratando los beneficios derivados de las actividades digitales de la misma forma que la economía tradicional. Sin embargo, es poco probable que mantener el statu quo cuente con el apoyo suficiente. El secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, ha anunciado en el Foro Económico Mundial de 2019 que creía que se daban las condiciones para sentar las bases de un acuerdo sobre la fiscalidad de las actividades digitales en 2019, y su entrada en vigor en 2020. (https://www.france24.com/en/20190124-oecd-hopes-global-digital-tax-2020 ).
La lucha contra la evasión fiscal es muy relevante para el movimiento sindical por al menos dos razones. En primer lugar, los sindicatos se preocupan por un sistema fiscal más justo e inclusivo. Los gobiernos deben recaudar ingresos suficientes para poder invertir en desarrollo sostenible, y los consumidores y los trabajadores no deben soportar la carga de unos ingresos empresariales insuficientes. En segundo lugar, los malos contribuyentes suelen ser malos empresarios. Las construcciones artificiales utilizadas por las multinacionales para disminuir su responsabilidad fiscal son muy similares, si no las mismas, que las construidas para oscurecer las relaciones laborales, eludir las leyes laborales nacionales y las cotizaciones a la seguridad social.
Sin embargo, las características del sector digital suponen un gran reto para el recaudador de impuestos. Las empresas digitalizadas gozan de presencia local sin establecimiento físico. Según las normas actuales, se requiere un establecimiento formal para hacer valer los derechos fiscales. Además, los modelos de negocio digitales se basan en gran medida en activos intangibles (datos, software, algoritmos) que no sólo pueden trasladarse fácilmente de un país a otro, sino que también son difíciles de valorar según los métodos tradicionales.
Por ello, el TUAC animó al Marco Inclusivo a continuar su trabajo sobre la fiscalidad de las actividades digitales, pero advirtió a los gobiernos de que jugaran S.A.F.E.
S de Simple. Los esfuerzos deben centrarse en mantener las normas sencillas y, en la medida de lo posible, iguales para todos. Cuanto más complejas sean las normas y sus exenciones, mayor será el campo de juego para los asesores fiscales y los contables creativos.
Algunas de las opciones sobre la mesa pretenden dividir los beneficios en categorías distintas (beneficios residuales y beneficios rutinarios), y aplicar cálculos diferentes en consecuencia. Otras opciones pretenden distinguir entre distintos tipos de activos inmateriales, de nuevo con vistas a aplicar métodos diferentes. Esto significa que para una misma empresa, y para una misma actividad económica, se aplicarían toda una serie de normas fiscales diferentes. Esto favorece los esquemas complejos y la manipulación de los beneficios.
A de Anti Arbitraje. El objetivo debería ser disuadir a las multinacionales de trasladar sus beneficios a jurisdicciones con bajos impuestos. Un mecanismo diseñado para recaudar impuestos en cada lugar donde se cree algún valor, independientemente de dónde pretenda estar físicamente establecida la multinacional, debería ser bienvenido. Todo esfuerzo por avanzar hacia un tipo impositivo mínimo coordinado también debería ser bienvenido. Varias opciones pueden reforzarse mutuamente y, por lo tanto, deberían considerarse en combinación.
F de Justo. Para ser justo, el sistema debe promover el desarrollo económico, especialmente en los países emergentes que dependen más del impuesto de sociedades. Aumentar los ingresos del impuesto de sociedades sobre todo para los países productores no es justo. En todo el mundo, el empleo es un aspecto esencial de la creación de valor. Esto debería reflejarse mejor en la determinación de la base imponible. Las ventas y la presencia de usuarios son elementos adicionales que pueden ayudar a medir el impacto local en la economía.
E de englobar. El marco fiscal internacional debería tratar a las multinacionales como lo que son: entidades unitarias. El movimiento sindical critica el llamado «principio de plena competencia», que es la base del actual paquete BEPS. Según este principio, las distintas entidades de una multinacional pueden comerciar entre sí en la medida en que las transacciones respeten las condiciones normales de mercado. El principio de plena competencia se basa en la ficción de que las filiales son independientes entre sí. Sin embargo, estas entidades jurídicas forman parte de un mismo grupo y están supervisadas por la misma empresa matriz. Ahora se presenta la oportunidad de avanzar más claramente hacia una «fiscalidad unitaria», por la que los beneficios a nivel mundial se dividan entre países. Esto supondría un sistema más sencillo y justo, con potencialmente muchas menos oportunidades para la evasión fiscal.
