Por primera vez en su historia, la OCDE celebró una conferencia de dos días sobre Justicia Medioambiental y publicó un informe sobre el tema a finales de mayo, un acontecimiento que la TUAC lleva mucho tiempo reclamando. La justicia medioambiental es una cuestión que está ganando fuerza en todo el mundo, a medida que se acelera la triple crisis planetaria: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. Luchar contra las desigualdades económicas, sociales y medioambientales no sólo es clave para garantizar los derechos humanos; también es necesario para asegurar el apoyo público a una acción climática más audaz. Aunque no existe una definición universalmente aceptada de justicia medioambiental, las investigaciones de la OCDE muestran que el concepto ya existe en muchos países de todo el mundo. Muchas comunidades y grupos diferentes se enfrentan a una exposición desproporcionada a los peligros medioambientales o tienen un acceso desigual a los servicios medioambientales. También les preocupan las desigualdades potenciales que podrían derivarse de las políticas medioambientales. La mitigación y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero tendrán sin duda graves implicaciones económicas y sociales, que afectarán a los trabajadores de sectores clave como la energía, la industria, la fabricación, el transporte y la agricultura. Estos temores se ven exacerbados por la falta de un compromiso gubernamental significativo con los grupos que se verán más afectados. En la conferencia de la OCDE, que reunió a expertos, miembros de la OCDE, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas, los participantes debatieron cómo se entrelazan la justicia medioambiental, la justicia climática, el racismo medioambiental y la justicia social. El TUAC subrayó lo fundamental que será garantizar una «transición justa» a medida que los países avanzan hacia economías bajas en carbono, en línea con el Acuerdo de París y las directrices tripartitas de la OIT de 2015. Esto también se recogió en el informe de la OCDE, que destacó los vínculos claros y directos entre la justicia social, la protección de los derechos y los medios de subsistencia de los trabajadores y la justicia medioambiental. Varios gobiernos y expertos expresaron su apoyo a este enfoque. Sin embargo, el debate también reveló que existen importantes lagunas en la forma en que se aplica la justicia medioambiental en los distintos países. De hecho, hay desacuerdos incluso en la forma en que se definen y utilizan los términos «justicia medioambiental», «justicia climática» y «transición justa» en los debates políticos. Ya existe una definición de «transición justa» acordada internacionalmente, y el debate subrayó la necesidad de seguir promoviendo su plena integración en la elaboración de políticas y la planificación nacionales. Para lograr una verdadera justicia medioambiental, los gobiernos deben aplicar políticas progresistas que reduzcan las desigualdades. Es indispensable crear empleos verdes y de buena calidad, invertir en protección social, promover una fiscalidad progresiva e introducir otros programas redistributivos de este tipo. Igualmente esencial es la necesidad de potenciar el diálogo social y defender los derechos fundamentales de libertad de asociación y negociación colectiva. Al poner en común los distintos enfoques adoptados por los miembros de la OCDE, la conferencia también puso de relieve la necesidad de una mayor convergencia y de que la OCDE ofrezca orientación en este ámbito, subrayando algunos de los pilares clave en los que debe basarse la justicia medioambiental:
- La justicia distributiva, es decir, garantizar que los costes y los beneficios de la transición se reparten equitativamente.
También deben tenerse en cuenta los impactos distributivos de las políticas en los grupos y regiones más vulnerables, como los grupos de bajos ingresos, las minorías, etc. - La justicia reparadora, que proporcionará un remedio y una compensación adecuados a los grupos por los peligros medioambientales y las desigualdades que ya han soportado.
- La justicia procesal, que garantizaría el acceso a la justicia y a otros recursos.
Y lo que es más importante, también garantizaría la participación y la representación en el proceso deliberativo, en particular a través de la negociación colectiva y el diálogo social. - Justicia de reconocimiento: fomentar la cohesión social con el reconocimiento público de las desigualdades anteriores y actuales.
El TUAC continuará poniendo en primer plano la perspectiva de los trabajadores en este campo, especialmente de cara a las próximas Perspectivas Medioambientales de la OCDE y a la Reunión Ministerial de la OCDE sobre Políticas Medioambientales, fijada provisionalmente para 2026.
