Mientras que muchos países de la OCDE intentan reforzar la competitividad y la productividad simplificando las normativas y reduciendo la llamada «burocracia», TUAC advierte contra los riesgos de una nueva oleada de desregulación total que reducirá la protección de los trabajadores, aumentará la desigualdad y socavará la acción por el clima. TUAC insta a los gobiernos de la OCDE a ampliar sus enfoques reguladores tras la
El estudio de la OCDE expone importantes lagunas en la evaluación de impacto. Entre los Estados miembros de la UE que examinó, sólo 10 comprueban sistemáticamente las propuestas en relación con los objetivos nacionales o internacionales de descarbonización. Alrededor de la mitad evalúan los efectos sobre la pobreza y la desigualdad, con un progreso lento desde 2017. La situación es aún peor en el caso de las normativas subordinadas, donde menos de un tercio de los países realizan estas comprobaciones, lo que deja lagunas de evidencia en las normas cotidianas que más afectan a las personas.
El TUAC destaca la preocupante admisión del informe de que «los responsables políticos ponen más énfasis en exigir la cuantificación de los costes que de los beneficios», y reta a las administraciones a corregir este desequilibrio, que amenaza con socavar el desarrollo equitativo de políticas en todos los Estados miembros de la UE.
"Las anteriores oleadas de desregulación nos han demostrado que, si no se diseñan adecuadamente, las iniciativas de simplificación sirven sobre todo al interés económico a corto plazo de unos pocos y amplían la desigualdad. Los gobiernos deben asegurarse de que la protección de los intereses públicos sigue estando en el centro de las políticas reguladoras y de que las salvaguardias sociales y medioambientales están plenamente integradas."
Sindicatos Instar a los responsables políticos a que integren el análisis distributivo y las métricas de calidad del empleo en las evaluaciones del impacto normativo de las transiciones ecológica y digital, ya que uno de cada cuatro empleos está expuesto a la automatización en los países de la OCDE. A pesar de esta escala de perturbación, la revisión no aborda de forma sustantiva la pérdida de puestos de trabajo, las condiciones laborales o la calidad del empleo.
TUAC también lamenta la omisión del concepto clave de «transición justa», tal y como se consagra en el Acuerdo de París y se define en las Directrices de la OIT de 2015, y a pesar de las iniciativas establecidas como el Fondo para una Transición Justa de la UE; sin un marco claro, las opciones normativas corren el riesgo de pasar por alto las dimensiones del empleo y las cualificaciones y de producir resultados desiguales, limitando así el apoyo público a las políticas climáticas.
Por último, TUAC cuestiona el marco de la gobernanza: el capítulo pone en primer plano el «espacio cívico» y las OSC mientras que no reconoce a los sindicatos como un pilar a nivel de sistema de una mejor regulación; las referencias se limitan a ejemplos dispersos de países en lugar de a la orientación principal.
De cara al futuro, el TUAC pide a los gobiernos que establezcan firmemente la paridad en las evaluaciones de impacto normativo para que los beneficios tengan el mismo peso que los costes, y que ordenen comprobaciones sistemáticas de la pobreza, la desigualdad y la descarbonización en todas las normas primarias y subordinadas con plantillas coherentes y control de calidad. Los sindicatos instan además a los órganos de supervisión a rechazar las propuestas que eludan las pruebas sociales o medioambientales y a formalizar un compromiso estructurado con los sindicatos en las fases de diseño, transposición y revisión ex post.
Crédito de la imagen: OCDE
